La ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que evitó juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura (1973-1985), fue aprobada en 1986 por el Congreso. En 1989, tampoco triunfó un plebiscito para anularla.
A principios de 2009, 20 años después de aquel fracaso, la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad (una entidad que reunió a cientos de asociaciones civiles) había conseguido las 255 mil firmas necesarias para convocar el plebiscito.
La campaña en contra de la amnistía fue convocada por la central sindical PIT-CNT y organizaciones de derechos humanos, junto a los Hijos de Uruguay. Para algunos representantes de la campaña por el Sí, el fracaso estuvo ligado a que los medios no dieron el espacio deseado para que la gente se informara del plebiscito.
En declaraciones al diario Página/12 Luis Puig, de PIT-CNT, dijo que “hubo dirigentes de la derecha que generaron confusión en la opinión pública: el candidato (Luis) Lacalle dijo que si se anulaba la norma, los presos saldrían de las cárceles”. Según el líder sindical, “hubo una mordaza que hizo que un 20 por ciento de la población no supiera que había una consulta”.
Por su parte, este lunes el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti se refirió al resultado del plebiscito y afirmó que “la decisión es trascendente y supone (un) respaldo muy fuerte al cambio en paz aprobado tras la salida de la dictadura”.
Para el actual senador, que fue dos veces primer mandatario entre 1985-1990 y 1995-2000, “veinte años después los uruguayos reafirman que el país mira al futuro y no los fantasmas del pasado”.
No coincidieron con su postura representantes de organizaciones de derechos humanos que anunciaron que promoverán que la fusión de causas, y que haya un juicio oral y público contra los más de 400 responsables de estos delitos que no prescriben.
La semana pasada, la Corte uruguaya había declarado la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad pero solo para el caso de la militante Nibia Sabalsagaray, asesinada en 1974.
Los uruguayos tampoco aprobaron la consulta por el “voto epistolar” o por correspondencia, que permitiría sufragar desde sus países de residencia a los ciudadanos uruguayos que viven en el exterior. La iniciativa, que también necesitaba el 50 por ciento más uno de los votos, fue apoyada por el 36,96 por ciento de los electores.