El juez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires Juan Carlos Hitters fue designado Profesor Extraordinario en grado de Emérito de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. La universidad lo distinguió por su “notable trayectoria” en la actividad docente durante más de treinta años en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Hitters también es Profesor Emérito y Honorario de las Universidades de San Agustín de Perú y Central de Chile, respectivamente, e integra el Máximo Tribunal de la provincia desde 1994, del que fue presidente en dos oportunidades.
El fiscal analiza si pide la acumulación de ambas causas
El fiscal Luis Comparatore pidió que se investigue quién contrató a Ciro James en el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires para determinar posibles responsabilidades penales de algún funcionario. El artículo 253 del Código Penal prevé penas de multa y prisión para el funcionario que designare para un cargo público a quien no reúne los requisitos legales para desempeñarlo y para quien acepte el cargo en estas condiciones. La causa se inició por la denuncia del Procurador General porteño, Pablo Tonelli, quien afirmó que efectivos de la Policía Federal que se postularon para integrar la nueva Policía Metropolitana, habrían sido sumariados a raíz de su intención de traspaso. En su denuncia, el Gobierno porteño acusó al oficialismo nacional de falsedad ideológica de documento publico, violación de los deberes de funcionario público" e infracción a parte de la ley de Inteligencia Nacional. Según la presentación "Desde el inicio del proceso de implementación y puesta en marcha del diseño operacional de la Policía Metropolitana, sistemáticamente existieron fuertes interferencias por parte del Gobierno Nacional contra el Gobierno de la Ciudad, utilizando principalmente a las autoridades de la Policía Federal, para impedir la puesta en funcionamiento de la nueva fuerza". Comparatore le pidió al juez Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado Federal nº 3, que requiera a la Policía Federal, la presentación de la totalidad de los sumarios que se hubieran hecho en esta situación. El fiscal también quiere que se recabe información del juzgado que tiene procesado a James con prisión preventiva, el de Norberto Oyarbide, y quiere ver si eventualmetne corresponde pedir la acumulación de ambas causas.
La víctima pidió que se abandone la acusación contra el cineasta
Los abogados del director de cine, Roman Polanski, que se encuentra en prisión preventiva en Suiza a raíz del pedido de extradición de EEUU, volvieron a solicitar la libertad bajo fianza de su defendido. El cineasta está acusado de abusar sexualmente de Samantha Geimer, en ese entonces de 13 años, en 1977. Durante el proceso judicial que se llevó a cabo en 1978, el director franco polaco confesó la autoría del hecho, pero cuando iba a quedar detenido, decidió huír del país. El ganador del oscar por la película "El pianista" vive actualmente en Francia y viajaba sin problemas a Suiza, donde es dueño de una casa en una urbanización de lujo. Sin embargo el mes pasado fue detenido cuando iba al Festival de Cine de Zúrich. En esa oportunidad ya había hecho un pedido de libertad bajo fianza ofreciendo su casa de la localidad suiza de Gstaad como garantía, pero el Estado exigió una suma en efectivo. Por su parte la víctima, actualmente de 45 años, pidió ante una la Corte de Apelaciones del Distrito 2 de California que se abandone la acusación contra Polanski. Según sus abogados, está cansada de la persecución de la prensa a raíz de la detención del cineasta, a tal punto que entre ella y sus abogados han recibido cerca de 500 llamadas telefónicas de medios de todo el mundo.Los abogados de Roman Polanski deberán comparecer ante el tribunal de Los Ángeles que solicitó la extradición el próximo 10 de diciembre.
Unos dos millones de euros que eran para financiar viviendas sociales terminaron en 18 casas de lujo
Mediante un proyecto de cooperación internacional, en 2004 el pueblo español Pinto donó dos millones de euros (unos 10 millones de pesos) a la localidad Pinto argentina para financiar viviendas sociales. Sin embargo, con ese dinero se habrían levantado 17 chalets y una mansión. Ahora, el pueblo español abrió un expediente de reintegro y aseguró que si en quince días su localidad hermana argentina no envía el dinero o presenta datos, se iniciarán acciones legales. En España señalaron que la mansión en Pinto (Argentina) habría quedado en manos del ex alcalde del Pinto ibérico, Antonio Fernández, investigado en su país por malversación de fondos. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero aseguró que las viviendas fueron compradas a precios irrisorios por el dueño de un supermercado, un veterinario vinculado a la producción de soja y la hija del por entonces intendente Emilio Rached. El intendente de la localidad santiagueña de Pinto, Guillermo Ganón, desmintió este miércoles que hayan existido irregularidades. “Lo único que puede ser discutible es que no hayan sido indigentes las personas a las que se les adjudicaron las casas. En realidad se planteaba una casa de tipo social y se construyó con la misma plata otra vivienda. Si pecamos, pecamos por exceso, es decir, por poner más de lo que decía el plano original de la vivienda”, trató de explicar Ganón.
El RENAR y la UFI-Renar inician investigación por 700 armas encontradas en Montevideo
El Registro Nacional de Armas (RENAR) y la Unidad Fiscal de Investigaciones de ese organismo (UFI-RENAR), iniciaron una investigación preliminar para determinar el tipo y el origen de 700 armas encontradas en Montevideo, en el marco de procedimientos regionales en la materia. El objetivo de la investigación es determinar el origen y el tipo de las armas y profundizar en la región la política de control de armas impulsada por el gobierno argentino. La semana próxima el director del RENAR, Andrés Meiszner, y el secretario de la UFI-RENAR, Rubén Castro, se entrevistarán con las autoridades judiciales uruguayas para intercambiar información. El RENAR y la UFI-RENAR trabajan en investigaciones de ese tipo para permitir el intercambio de información con países vecinos y definir acciones tendientes a combatir el tráfico de armas de fuego.