El objetivo del acuerdo será que el Poder Judicial de la provincia obtenga la autarquía financiera que hoy no tiene y discutir el presupuesto para el año que viene.
La medida la impulsó el STJ a través del acuerdo plenario 3893 aprobado la semana pasada y el cual todos los integrantes del cuerpo le encomendaron al presidente, Alejandro Panizzi, llevar adelante las acciones.
“Luego de un intercambio de opiniones sobre el tema, se encomienda al Sr. Presidente a realizar las gestiones que fueran necesarias a fin de lograr un pacto de Estado entre los tres Poderes tendiente a conseguir la autarquía judicial”, resolvieron los magistrados. El acuerdo también lleva la firma de los jueces Fernando Royer, Daniel Rebaliati Russell, Daniel Caneo, Jorge Pflegery José Luis Pasutti.
Por su parte, el ministro Royer tendrá a su cargo el trabajo de la elaboración del proyecto del presupuesto para el año que viene. El STJ resolvió encomendar a Royer “que de las instrucciones del caso a la Dirección de Administración para la elaboración del proyecto que se enviará a la legislatura para su aprobación”.
El 2008 y 2009 fueron años ríspidos en la relación entre los poderes provinciales. El ministro de Gobierno, Máximo Pérez Catán, había dicho en mayo pasado que iba a enviar gente a los juicios para controlar los fundamentos de las excarcelaciones que dicten los jueces. Los dichos fueron criticados por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut.
A fin del año pasado, el STJ había denunciado una intromisión de la Legislatura por la sanción de una ley que redistribuyó excedentes del presupuesto del Poder Judicial. El caso fue denunciado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la Asociación de Magistrados de la provincia.
El mayor enfrentamiento se vivió cuando fue destituido el procurador general, Eduardo Samamé, a fines de agosto. Un diputado provincial dijo tras la destitución los fiscales iban “a tener que poner las barbas en remojo” y también habló de “la existencia de listas negras de fiscales”.
El repudio fue generalizado de todo el arco judicial de la provincia y de otras organizaciones. El Consejo de Fiscales de la Provincia del Chubut sostuvo a través de un comunicado que las expresiones del diputado “recuerdan patéticamente gobiernos dictatoriales”. La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales sostuvo que las expresiones de diputado son una “clara amenaza de estilo dictatorial”.
Pero los hechos llegaron a cosas mayores. La jefa de fiscales de Comodoro Rivadavia, Adriana Ibáñez, había denunciado que recibió dos mensajes de texto intimidatorios en su celular: