La ONG que encabeza Biscay lanzó este martes un sitio Web con su base de datos contra la corrupción y la Criminalidad Económica. De acuerdo a información contenida en la base, el Cipce calculó en 13 mil millones de dólares el perjuicio ocasionado al Estado por la corrupción entre 1980 y 2007. Además, se analizó que de las 750 causas que llegaron a la Justicia, sólo un 3 por ciento terminó en condena.
Biscay atribuyó ese número al “sistema procesal penal (que utilizó) mecanismos ineficientes para perseguir la corrupción”. Señaló que “el proceso es inquisitivo” y añadió que “el trámite ocupa el mayor protagonismo”.
“Los casos de corrupción permanecen mucho tiempo en la etapa de instrucción y esto hace que los juicios no se desarrollen sobre el fondo del asunto”, manifestó Biscay. El abogado indicó que además existe un “problema en cuanto a la comprensión del modo en que debe investigarse (pues) no hay planificación”.
Biscay ejemplificó que en el caso de la venta de armas a Ecuador y Croacia durante el menemismo, se orientó la búsqueda a conseguir condenas de aquellos involucrados pero no se investigó el fondo de la cuestión.
Según un comunicado de la ONG, la base de datos “fue creada con el objetivo de constituirse en un archivo nacional de uso público de la corrupción y el perjuicio que genera”.
¿Por qué las denuncias a nivel local tienen menos trascendencia?, preguntó DiarioJudicial.com. Biscay señaló que la base de datos no tiene registros de denuncias a los intendentes de la provincia de Buenos Aires pero no porque no existan sino “porque fue muy difícil acceder a la información”. El abogado sostuvo que en el sistema judicial provincial “hay muy poca transparencia”.
Del encuentro de este martes participaron Biscay; el periodista del diario La Nación, Gabriel Sued y la directora ejecutiva de la Fundación Garrahan, Silvia Kassab. La mujer se refirió, en relación con el caso de María Julia Alzogaray, a la importancia de la entrega social como forma de reparar el daño causado por la corrupción.