El jefe de los fiscales dispuso las investigaciones se inicien “aún cuando de las etapas iniciales del caso no existan evidencias fundadas de que el caso es subsumible en el tipo de trata de persona” y que también apunten a la falta de controles administrativos y los posibles delitos que desde ámbito de puedan realizar.
El Consejo Federal de Política Criminal, integrando por procuradores y defensores generales de todo el país, aprobó en agosto pasado un protocolo contra la trata de personas en el que sostiene que si bien ese delito es de competencia federal está vinculado con otros que deben ser investigados por las provincias como la prostitución de menores, el secuestro de personas, las lesiones, ext.
“Los fiscales deberán advertir que en los supuestos de trata que la ley asigna al fuero federal pueden aparecer vinculadas u ocultos detrás de otras hipótesis delictivas, de tal forma que deben practicarse con máximo esmero las investigaciones criminales ante presunción de que tales hechos se encuentran relacionado al delito de trata de personas”, sostuvo Aguirre.
Así el Procurador General de Formosa instruyó a los fiscales para que investiguen en los locales y establecimientos nocturnos como wiskería, boite, cabaret, ext. Para “constatar la existencia de persona que se encuentren en situación de víctima de delitos aludidos”.
También ordenó que los fiscales se pongan en contacto son sus pares de todo el país para intercambiar información en el marco de las causas en trámite. “Para llevar a cabo toda esta tarea, los fiscales deberán exigir información y colaboración a los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales y organismos no gubernamentales”, agregó Aguirre.
Conjuntamente con la investigación del delito de trata de personas, el jefe de los fiscales puso la mira sobre el poder político y también dispuso el control judicial a posibles complicidades: “Deberá ser motivo de atención y preocupación de los fiscales todo lo relacionado con la ausencia (por acción u omisión) de controles administrativos, en tanto contribuyan al incremento y hasta la impunidad de estas conductas; lo que también habrá de ser perseguido y reprimido en orden al incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos, encubrimiento o grado alguno de participación criminal en las conductas referidas”.
Formosa se sumó a la adhesión al protocolo del Consejo que el mes pasado había realizado la procuradora general de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo. Falbo instruyó a los fiscales bonaerenses a perseguir el delito de trata de personas y las conexiones con otros ilícitos que se pudieran descubrir.