“Reconocemos que el déficit viene gestándose desde hace décadas pero también es nuestra obligación destacar que a casi dos años de la actual gestión del gobierno provincial, muy pocas de las promesas de mejoramiento de la justicia anunciadas se han cumplido por los responsables del área”, sostuvo la entidad en un comunicado difundido este jueves.
“Al contrario se ha desmejorado en aspectos verdaderamente relevantes, a pesar de nuestros permanentes reclamos, advertencias, aportes y sugerencias, pocas veces atendidas. Tampoco han sido respetados los compromisos de participación que se nos prometieron”, agregó el texto firmado por la presidenta del Colegio, María del Carmen Álvarez, el vicepresidente, Daniel Rucci, la secretaria, Roxana Mambelli, y el prosecretario, Roberto Reyes.
El Colegio expuso cada una de sus críticas a la gestión actual y refutó acusaciones sobre el trabajo de los operadores judiciales.
La entidad sostuvo que el Consejo de la Magistratura “se muestra en exceso ineficiente para afrontar la creciente demanda de cobertura de cargos vacantes”, que llegaron al número histórico de 60 más otras 16 por nuevos tribunales creados por ley. “Esto, producto de un Consejo de la Magistratura que no está acorde a la coyuntura: lento, burocrático, y desarticulado institucionalmente”, arremetió.
Una de las reformas más importantes de los últimos años en la Justicia santafecina fue al Código Procesal Penal que instauró los juicios orales y la eliminación del proceso por escrito. La reforma entró en vigencia parcialmente ya que solo se aplica para algunos delitos. Si bien debía comenzar aplicarse de manera total a fines de octubre, la falta de recursos hizo que se necesitara extender la prórroga de la entrada en vigencia.
“Sin la suficiente asignación de recursos presupuestarios para cubrir designaciones, personal, capacitación, edificios, entre otras necesidades; la reforma lejos estará de satisfacer las expectativas generadas en la sociedad y será de casi imposible aplicación”, afirmó el Colegio.
La entidad criticó la entrada en vigencia parcial del Código “que distorsiona la naturaleza del digesto, costosamente elaborado, rompiendo su sistemática y que está trayendo más dificultades que beneficios”.
El Colegio también dijo que “es de público y notorio el colapso que sufren todos los fueros, no solo por la insuficiencia de juzgados para la población y nivel de litigiosidad (nuestra provincia por ejemplo ostenta una marcada diferencia en menos con otras de similar envergadura, como Córdoba o Mendoza), sino por las numerosas vacantes ya referidas”.
“Todo ello obliga a los jueces y funcionarios en ejercicio a una sobrecarga constante de tareas con grave deterioro de su salud y posibilidades de respuesta efectiva, generando –como corolario- una importante y cada vez más ostensible afectación del adecuado servicio de justicia. A esto se suma el abandono injustificado de un conjunto de proyectos de reformas a los distintos códigos de procedimientos ya elaborados, donde la Magistratura prestó una colaboración valorable que inexplicablemente no fueran impulsados, empero ser instrumentos indispensables para mejorar la calidad del desempeño de la justicia que con tanta vehemencia se reclama”, apuntaron.
Por último, la entidad señaló que “ante este estado de situación, explicar la crisis únicamente en la falta de suficiente esfuerzo por parte de los magistrados y funcionarios, significa un reduccionismo arbitrario, inaceptable, injusto ya que el rendimiento de los integrantes del Poder Judicial en las condiciones extremas como las ya apuntadas marca la sinrazón de tales críticas”.