“La CIDH ha constatado que la desigualdad y discriminación son graves problemas estructurales en el hemisferio, que constituyen importantes obstáculos para el respeto de los derechos humanos de todos los habitantes”, sostuvo un comunicado de la CIDH.
Desde la comisión puntualizaron que “la discriminación contra los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, los pobres, los inmigrantes y diversos grupos sobre la base de su orientación sexual, entre otros, es un problema grave en todos los países de la región”. Así, instaron a los Estados a “adoptar medidas urgentes a fin de avanzar en forma decidida en la prevención y el combate de todas las formas de discriminación, así como en la eliminación de la pobreza, en especial la pobreza extrema”.
Desde la CIDH calificaron como “especialmente grave” la situación que atraviesa Honduras. Señalaron que el golpe de Estado del 28 de junio tuvo un “impacto directo” en los derechos humanos de los habitantes de ese país. La violencia que tuvo lugar tras el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya ya dejó más de 20 muertos y cientos de heridos, denunciaron ONG’s de Derechos Humanos.
“La CIDH considera que es indispensable restituir al presidente Manuel Zelaya y restablecer el orden constitucional como garantía del ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos”, subrayó el comunicado.
Por otra parte, la CIDH expresó su “satisfacción” por la “solución amistosa” en casos presentados contra el Estado argentino. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que patrocinó todas las presentaciones, indicó en un comunicado que “el Estado se comprometió ante la CIDH a agilizar el pago de jubilaciones, a tomar medidas en el caso AMIA y a reglamentar la ley de Migraciones”.
El CELS indicó que en los casos Menéndez y Caride -dos jubilados argentinos que iniciaron un reclamo ante la CIDH por el cobro de la totalidad de sus haberes al que luego se sumaron otras 45 peticiones-, el Estado se comprometió a adecuar las prácticas administrativas de la ANSES a las leyes vigentes y las sentencias judiciales en la materia.
En relación con la causa AMIA, que llegó a la CIDH en 1999 impulsado por Memoria Activa, con el patrocinio del CELS, CEJIL, Human Rights Watch y el abogado Alberto Zuppi, el Estado se comprometió a impulsar, en un plazo no mayor a cinco meses, la ley de reparaciones para víctimas y familiares, la designación de un alto funcionario que actúe como interlocutor en el caso con capacidad para articular las agencias involucradas en el cumplimiento de los compromisos asumidos, la elaboración de un informe detallado sobre las escuchas telefónicas ilegales a familiares de víctimas, la firma de convenios con al menos la mitad de las provincias para la ratificación del “Plan de Contingencias” destinado a casos de emergencias y catástrofes, y el pago de costas y honorarios a los abogados involucrados en la causa.
En el punto referido a la ley de Migraciones, el Estado se comprometió a promulgar el decreto reglamentario de la ley 25.871 (aprobada por el Congreso en diciembre de 2003) en un plazo máximo de 30 días.