Quien habla es Augusto Fernández Pinto, director del Archivo General del Poder Judicial de la Nación, que depende de la Corte Suprema de Justicia y que fue creado en 1881 por la demanda de guardado de los expedientes terminados.
El archivo del Poder Judicial funciona en el subsuelo del Palacio de Justicia. Aunque para el visitante primerizo resulta un poco complicado encontrar la escalera correcta, una vez allí se respira un clima distinto del que atraviesa el resto del edificio, sobre la calle Talcahuano. La Mesa de Entradas está menos abarrotada que en otros fueros y los abogados hacen colas que no son kilométricas.
En la actualidad el archivo tiene más de ocho millones de expedientes archivados y hay otros cuatro millones en los juzgados “en condiciones de ser archivados”, según lo relata su director.
A largo plazo, el archivo se mudará a un edificio en Pichincha y Garay. Según Fernández Pinto, el inmueble cuenta con “dos subsuelos muy grandes y abarca tres manzanas con lo cual se podrían albergar 20 millones de expedientes de todos los fueros de la justicia Capital Federal”. “Es algo imprescindible”, subrayó el abogado.
Sin embargo, al edificio aún se le están haciendo estudios de medidas y recién estaría acondicionado dentro de dos o tres años. Y recién después vendría la mudanza. “Mientras habrá que ir ‘apechugando’”, dijo Fernández Pinto en una entrevista con DiarioJudicial.com .
Fernández Pinto explicó que, según el fuero al que pertenezcan, los expedientes tienen distinto plazo de caducidad. “La ley de archivos (Nº 15.930, de 1961) dice que hay algunos (expedientes) que no se pueden destruir y por eso el depósito siempre va in creyendo”.
El titular del Archivo General indicó que para los expedientes del fuero criminal o de instrucción el plazo para su destrucción es de 30 años mientras que en los fueros comercial y civil el período es de 10 años. Agregó que las causas de familia no se pueden destruir. Igualmente, antes de una destrucción se publican edictos y si alguien pida que no se lo destruya, se respeta esa decisión.
Fernández Pinto expresó que los reglamentos de la Corte siempre “tuvieron en cuenta dos criterios: la publicidad y también la privacidad de ciertas acciones porque no cualquiera puede ver cualquier expediente”.
Y agregó que: “Los expedientes recién entran al dominio público después de 60 años, momento en que están acabadas las pasiones y todas esas cosas que hacen que se pueda macanear acerca del expediente”.
Consultado sobre el expedientes que más le llamó la atención, Fernández Pinto señaló, sin dudarlo, que “el más consultado fue el del Cayetano Santos (alias el Petiso Orejudo)”.
“Lo más importante, a mi entender, en ese expediente, fue que después de que se descubrió que el ‘Petiso Orejudo’ era un asesino de chicos y se masturbaba arriba de los cadáveres, el perito lo declaró inimputable y el juez lo condenó a que estuviera en un lugar protegido de él mismo y por la sociedad. Sin embargo, terminó en la cárcel de Ushuaia donde mató al gato, se masturbó arriba de él y los presos lo mataron”, recordó Fernández Pinto.
“Habría que estudiar el expediente para ver por qué sucedió esto (no se respetó el fallo del juez)”, agregó. También nombró el caso del desbarranco de un tranvía, el 12 de julio de 1930, que terminó en aguas del Riachuelo y murieron casi todos sus ocupantes. En este caso, Fernández Pinto resaltó el papel de la justicia pues las primeras versiones señalaron que el accidente había sido a raíz de una imprudencia del conductor, Juan Vescio, quien fue defendido como un “siciliano bruto”.
“Con el tiempo, la sociedad de amigos del Tranvía empezó a demostrar que había cambiado la forma de manejar las locomotoras” y que Vescio hizo todo lo posible por salvar vidas. “Entonces el hombre pasó de ser un bruto conductor a ser un tipo que quiso salvar a la sociedad”, aseguró.
“Lo que te permiten los archivos es estudiar las cosas después de lo que está en juego en los expedientes entre las partes. Y yo creo que no está hecha esa tarea de análisis posterior”, sostuvo Fernández Pinto.
El titular del archivo rescató que a través de él se puede medir la actuación de los jueces y del Poder Judicial. Fernández Pinto también se refirió a la importancia de “compaginar” la tecnología con lo jurídico. “El papel queda, como las pirámides de Egipto”, sostuvo.
En el Archivo General del Poder Judicial de la Nación cuenta con 179 empleados de los cuales la mitad son ordenanzas. Aloja expedientes de todos los tribunales de la Capital Federal. “Es mucho trabajo que hacemos pero está perfectamente organizado”, concluyó su director general.
DiarioJudicial.com también consultó a un abogado que esperaba su turno para ser atendido sobre el funcionamiento del archivo. Javier C. subrayó que “en el archivo en general te dan más información que en los juzgados. Es más fácil solicitar acá el número de legajo para después pedir los desarchivos”.
Por su parte, Marcela, quien trabajó en un juzgado civil en los ’80 y en la actualidad se desenvuelve en el archivo señaló que en los juzgados se trabaja con “causas vivas” mientras al archivo llegan “causas muertas”.
En tanto, Elsa quien se desempeñó en la secretaría Electoral, señaló a este diario que la vorágine que allí se vive no es comparable con el archivo.