La iniciativa ingresada en las comisiones de Derechos Humanos y Garantías, Peticiones; Poderes y Reglamentos, y Presupuesto y Hacienda por la diputada Victoria Donda es producto del trabajo conjunto de veintitrés organizaciones sociales y de derechos humanos que coincidieron en remarcar la existencia de la tortura como una práctica sistemática en nuestro país.
La función principal del Sistema será realizar visitas a todos los lugares de encierro -cárceles, comisarías, institutos de menores, neuropsiquiátricos, alcaidías, entre otros- y efectuar un control sistemático de su situación, así como de las políticas que se impulsen. Para que esas visitas sean útiles en la prevención de la tortura y los malos tratos, “deben ser periódicas, no avisadas e integrales, y realizarse con personal especialmente capacitado y preparado para ese fin”.
Para el funcionamiento de este sistema, se creará el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura que dependerá del Poder Legislativo. Este podrá solicitar datos, información o documentación a los responsables de centros públicos y/o privados en los que se encuentren personas privadas de libertad, a toda otra autoridad pública nacional y/o provincial y/o municipal, así como al Poder Judicial y Ministerio Público en el ámbito nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo para el ejercicio de su tarea podrá entrevistar de modo confidencial, individual o colectivamente, y sin la presencia de testigos a personas privadas de su libertad. Cuestión que resulta muy importante debido a las represalias hacia quienes denuncian malos tratos en diferentes lugares de encierro. Existe un documental argentino de Ana Cacopardo y Andrés Irigoyen, titulado “Ojos que no ven”, y que aborda el tema de la situación de los internos en las cárceles argentinas y que representa de manera muy concreta esta situación de represalias.
La comisión también podrá poner en conocimiento a los jueces “a cuya disposición se encontraran las personas privadas de libertad, pudiendo, a su vez, expresar su opinión sobre algún aspecto de hecho o de derecho, en carácter de ‘amigo del tribunal’”. Además de poder promover acciones judiciales con el objeto de asegurar el cumplimiento de sus funciones.
De la misma manera, podrá emitir opinión acerca de los procesos de designación y ascenso de magistrados y funcionarios judiciales vinculados con sus competencias, siempre y cuando sea “sobre la base de información documentada”.
“Hasta el momento la Republica Argentina, a pesar de los proyectos existentes en esta Honorable Cámara, no ha cumplido con la obligación internacional derivada del instrumento ratificado. Conforme este marco, y con miras a materializar la efectiva instrumentación de un sistema de prevención de la Tortura, es que hemos decidido presentar la propuesta elaborada por las organizaciones de la sociedad civil con sobrada trayectoria en la temática, con la intención de constituirnos en un vehículo entre el pueblo y la defensa efectiva de sus derechos” consigna entre sus fundamentos.
Además de Donda, la iniciativa es apoyada por otros diputados entre los que se encuentran Fabián Peralta, Adela Segarra , Elisa Carca, Emilio García Méndez, Miguel Barrios, Mónica Fein, Leonardo Gorbacz, Verónica Benas, Virginia Linares, Fernanda Reyes, Fernanda Gil Lozano, Ana Verraute, Vilma Ibarra y Horacio Alcuaz. Asi como con organizaciones entre las que se encuentran, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión Provincial por la Memoria - Comité contra la Tortura, Casa del Liberado - Córdoba Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) - Rosario, Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Asociación Xumec - Mendoza, Centro de Estudios de Ejecución Penal - Facultad de Derecho de Buenos Aires (UBA), APDH - La Plata, Fundación Sur Argentina, Asociación Pensamiento Penal (APP), Observatorio de Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro, Asociación Civil La Cantora, Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), entre otras.