“Frente al incremento de personas detenidas como consecuencia de las últimas reformas procesales, el Poder Judicial no debe tolerar ni reacomodarse a ellas por obra de las operaciones dirigidas desde el poder político y la prensa en las que, ante las demandas de seguridad de la sociedad, amenazan a magistrados cuyas decisiones son adoptadas en el marco contextual de la Constitución Nacional y Provincial y las Convenciones y Tratados Interamericanos de Derechos Humanos”, sostuvo la Red a través de un comunicado.
La entidad consideró necesario “articular la acción de la Justicia con la comunidad y constituir un Poder Judicial activo que mejore su forma de relacionarse con la población”. Propuso la creación de oficinas de prensa para informen “adecuadamente” sobre el trabajo de los jueces y “pueda contrarrestar la información amarillista provista desde algunas usinas de prensa”.
“El Poder Judicial debe buscar caminos de construcción diferentes para delinear el contenido y los límites infranqueables de su propia independencia funcional, en el marco de un estado de derecho, que lo tornen impermeable al influjo de los poderes económicos privados y a cualquier manipulación de la dirigencia política, ésta -a su vez- azuzada por discursos deslegitimadores de la judicatura democrática gestados desde grupos comunicacionales con notable penetración social”, agregó la Red.
También se refirió a la inseguridad y desmintió “la falsa antinomia comunicacional entre `garantismo` y `seguridad`”. Considero que se debe mantener “el rol constitucional que le corresponde al Poder Judicial, sin desmedro de las políticas que en materia de seguridad le corresponden adoptar a los otros poderes del gobierno bonaerense, a partir de actuar (no sólo sobre la delincuencia, sino también y principalmente) sobre las causas que provocan la exclusión, la marginalidad, la violencia y, en fin, el delito”.
En esa línea, para la Red “no hay mejor política criminal que la justicia social”.
Sobre la violencia también reafirmó “la incolumidad del instituto del Hábeas Corpus como garantía constitucional frente a las vías de acción directa que recaen sobre las personas detenidas o perseguidas” y pidió prestar “especial atención al mantenimiento de situaciones estructurales de tortura y de violencia institucional, sobre todo en sede penitenciaria”.
Por otra parte, la Red, que se reunió el mes pasado, pidió que se modifique el sistema de selección de jueces en la provincia de Buenos Aires. Reclamó que se reforme la ley de integración del Consejo de la Magistratura “por la inequidad y desproporción” a favor de los representantes del poder político por sobre los otros estamentos. “La notoria disparidad existente, en la actualidad, impide neutralizar influencias provenientes del sector político que, en reiterados casos, resultan decisivas”, opinó.
También propuso reformar la reglamentación para que “los antecedentes en la carrera judicial y docente reciban puntuaciones fijas y conocidas con antelación a las evaluaciones técnicas; sin perjuicio que deberían computarse no sólo las aptitudes y capacidades puestas de manifiesto, por los aspirantes, en la gestión previa, sino también –y sobre todo- su compromiso permanente y efectivo con la defensa del estado democrático de derecho y con la vigencia de los derechos humanos implicados en él”.