El Consejo de Defensores Generales de la provincia de Buenos Aires, en una reunión el pasado 18 de noviembre, manifestó su “expreso pedido” al Poder Legslativo de la provincia de que no trate el proyecto por “las graves consecuencias que su sanción implicaría para el Estado de Derecho y la libertad y seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de la Provincia de Buenos Aires”.
La iniciatoca fue enviada a la Legislatura para combatir la inseguridad, explicó Scioli, en el marco de nuevos casos de hechos delictivos graves y como respuesta a los reclamos. Sin embargo, el proyecto ha contado con nulos apoyos ya que desde organizaciones civiles también lo han criticado.
Lo que el Gobierno busca es castigar las contravenciones callejeras como iniciar peleas, pegar carteles en la vía pública. También pena a las personas que “mendiguen en forma amenazante”, a quienes insulten o provoquen intimidaciones, etc. Las sanciones van desde multa, arresto, tareas comunitarias, hasta el decomiso, clausura e inhabilitación. Uno de los artículos establece que la persona que reciba una multa y no la pueda pagar, la pena será cambiada por el arresto.
La primer crítica del Consejo de Defensores Generales es que el proyecto le de a los Municipios la facultad de designar a los jueces contravencionales. Para la entidad eso altera “la división de poderes y la prohibición constitucional al Poder Ejecutivo de juzgar e imponer penas. La jurisdicción que otorga la ley proyectada a los jueces administrativos contraviene la Constitución Provincial que expresamente impone para la designación de jueces de faltas, el procedimiento que corresponde para los jueces de primera instancia”.
También señaló que algunas contravenciones “comportan descripciones de sesgo discriminatorio, sin comportar conductas dañinas o peligrosas constituyendo punición al autor y no a sus acciones (sanción del que cuida autos sin autorización o al que duerme o vive en lugares públicos).
“Otros tipos contravencionales sancionan conductas inocuas (beber en la vía pública, estar sin motivo aparente en lugares cercanos a una casa o vehículo, dar lástima al mendigar)”, agregó, mientras que “otros avasallan las libertades públicas penalizando la manifestación o concentración popular”.
Por otra parte, las facultades de la policía fuero calificadas de abusivas: “El proyecto facilitará el uso de la fuerza estatal que puede derivar en abuso. La ley legitima la actuación policial permitiéndole una interpretación discrecional de tipos abiertos y difusos, plagados de consideraciones morales y vacíos descriptivos que producirán la resistencia ciudadana que desencadenará en represión policial”.
Así, para los defensores la iniciativa tendrá su efecto contrario al de seguridad “toda vez que su aplicación impide el ejercicio de la libertad”.
“Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó en estos días: “la desigualdad y la discriminación son graves problemas estructurales en el hemisferio, que constituyen importantes obstáculos para el goce efectivo de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de los habitantes de las Américas, la Provincia proyecta una ley que cercena las libertades más elementales, instala el estado peligroso, y estimula la discriminación social al alentar a los vecinos a denunciar situaciones que no conllevan daño ni riesgo objetivo”, agregó el Consejo.
“Finalmente debe advertirse que el Proyecto pone en riesgo de responsabilidad internacional al Estado Argentino por constituir un sistema punitivo ilegal, contrario a las libertades esenciales del ciudadano, desprovisto de garantías y con contenido discriminatorio, violento y que representa una ingerencia estatal indebida en la vida individual. Esta ley muestra así al Estado en una regresión en materia de derechos humanos que se ha comprometido a evitar frente a la comunidad internacional”, concluyeron los defensores.
La semana pasada se conoció otro documento de organizaciones sociales que criticaron la iniciativa. El ex fiscal federal de Bahía Blanca Hugo Cañón y titular de la Comisión Provincial por la Memoria calificó al proyecto como “retrógrado” y un “enorme salto para atrás” ya que “amplía las facultades policiales a límites intolerables” y “es una aplicación paralela al Código Penal”.