Alex Freyre y José María Di Bello no podrán cumplir su deseo de casarse. La jueza Marta Gómez Alsina, titular del juzgado nacional en lo Civil nº85, hizo lugar a un pedido de nulidad y ordenó suspender lo que iba a ser la primera boda entre personas del mismo sexo en la Argentina. El procurador general de la Ciudad, Pablo Tonelli, dijo que "el Registro Civil donde está previsto el casamiento ya nos avisó de la notificación de la jueza para suspender el casamiento de mañana". La polémica estalló cuando la jueza en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, Gabriela Seijas, declaró la inconstitucionalidad de dos artículos del Código Civil –el 172 y el 188- y ordenó al Registro Civil que les permita contraer matrimonio. Distintos constitucionalistas de renombre tienen opiniones contrapuestas sobre la cuestión sucitada. Mientras que Daniel Sabsay, la decisión de la jueza civil del juzgado 85 es "insólita" ya que el fallo que permitía el casamiento estaba firme y en todo caso, quien tenía facultades para revocarlo era la Alzada, que es la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad y no una jueza civil. Por su parte Félix Loñ, en contraposición a la postura de Sabsay, opinó que el Poder Judicial de la Ciudad no tiene competencia en materia civil o de familia por lo que la autorización para casarse debería haber emanado de un tribunal civil de la Nación. Carlos Fayt anunció que la Corte Suprema de Justicia ya está estudiando el tema por otro de los casos que ya alcanzó esa instancia. Será el Máximo Tribunal el que en definitiva resuelva sobre la validez o no de los matrimonios entre personas de un mismo sexo.
Convenio agiliza certificado de antecedentes penales en Chaco
Dos convenios que firmados entre la titular del Registro Nacional de Reincidencia, Mónica Litza, y el subsecretario de Justicia y Seguridad del gobierno de la provincia del Chaco, Francisco Javier Oteo Albiñana permitirá que los habitantes de la provincia puedan gestionar el Certificado de Antecedentes Penales sin viajar a Santa Fe ni utilizar el correo - como se realiza actualmente-, a la intermediación de gestorías o al correo postal. Además, las fuerzas policiales que actúan en ese distrito norteño tendrán acceso a valiosa información a partir de la instalación de Unidades de Expedición y Recepción (UER) de Certificados de Antecedentes Penales y la implementación del Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Co.Na.R.C.) El Co.Na.R.C. permitirá al operador de la Policía Federal imponerse del contenido de la información que obre en la base de datos que refleja la totalidad de los autos de rebeldía, capturas, averiguación de paradero y comparendo que posee el Registro de Reincidencia, brindando al operador la posibilidad de disponer de una respuesta en tiempo real con la información solicitada.
Debatirán en Entre Ríos sobre el ADN en la investigación penal
Responsables de laboratorios de Genética Forense de todo el país debatirán en Paraná, Entre Ríos, este 3 y 4 de diciembre sobre en implementación de Bases de Datos de ADN en investigación penal, en el marco de la “Jornada Anual de Genética Forense”, organizada por el Laboratorio de Genética Forense del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, entre otros. “el de intercambiar experiencias y debatir acerca de la implementación de Bases de Datos Provinciales y Nacionales de ADN, en momentos en que existe gran interés legislativo en la materia, tanto a nivel provincial, como nacional”, explicó el STJ a través de un comunicado. La Justicia provincial. Entre los expositores se encuentran Mercedes Lojo, presidente de la Sociedad Argentina de Genética Forense, y jefa de la Sección ADN de la Dirección General de Asesorías Periciales de la Sección La Plata (Bs.As.), y Nidia Modesti, responsable del Laboratorio de Genética Forense del Poder Judicial de Córdoba, y directora del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas.
Unos 100 millones de dólares podrían ir a las víctimas españolas de la dictadura chilena
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, imputó por el delito de “blanqueo de dinero” a la viuda del ex dictador chileno Augusto Pinochet, Lucía Hiriart; a su abogado, Óscar Custodio Aitken Lavanchy y a dos funcionarios de máximo nivel del Banco de Chile, Pablo Granifo Lavín y Hernán Donoso Lira. A pedido de la Fundación Española Presidente Allende, el magistrado fijó una fianza solidaria para todos los imputados que asciende a 77.348.374 dólares (equivalente a 293.923.821 pesos) para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del proceso. En la resolución, que es firme, el magistrado dio un plazo de 10 días a los imputados y a los bancos, considerados responsables civiles subsidiarios, para que presten conjuntamente la fianza, y en caso de no hacerlo, procederá a su embargo y bloqueo de cuentas por un tercio más de la cantidad fijada, es decir, 25.782.791 dólares. Todo ello totalizaría más de 100 millones de dólares, dinero con el cual el juez Garzón trataría de resarcir a las víctimas españolas de la dictadura de Pinochet.