La posibilidad de renovación en el Poder Judicial se abrió en diciembre de 2008, cuando la presidenta Cristina Kirchner firmó un decreto aprobando un acta entre la provincia y la Anses que elimina el tope jubilatorio para los magistrados.
Según informó el diario de Cuyo, la demora respondería a que la AFIP le dio 36 cuotas a los jueces y el Estado provincial para que paguen la actualización de aportes y contribuciones, pero en los dos casos quieren más tiempo y actualmente están discutiendo con el organismo recaudador esa posibilidad.
Tanto la provincia como los jueces tienen que pagar un diferencial pues los magistrados deben actualizar los aportes que hicieron al sistema previsional desde que se fijó el tope de 3.500 pesos y el Estado provincial debe aportar las contribuciones patronales.
La AFIP les ofreció a las partes 36 meses para cancelar el diferencial. Pero ambos sectores consideraron que el plazo es muy exiguo y se estaría negociando más tiempo con el organismo nacional.
Se calcula que la jubilación del 82 por ciento móvil generaría entre 25 y 30 vacantes entre jueces y fiscales y también se retirarían entre 70 y 100 funcionarios judiciales.
En los últimos meses la justicia de San Juan fue muy criticada, especialmente tras la difusión de una acordada de la Corte que nombró a poco menos de 40 funcionarios judiciales sin concurso. La mayoría de ellos eran familiares de jueces de la Corte, ministros o políticos.
Sin embargo, las condiciones del nuevo régimen no garantizan que todos los que están en condiciones de jubilarse, se vayan. En la Corte de Justicia habría cuatro de los cinco ministros que dijeron que no piensan todavía en pasar a retiro. Esas declaraciones produjeron preocupación en la casa de gobierno local, porque Gioja le puso énfasis a las negociaciones pensando, justamente, en producir una oxigenación con la salida de los jueces más mayores.