La resolución que adoptó por unanimidad la Corte este miércoles está basada en los artículos 323 y 251 del Código Orgánico de Tribunales. Este último establece que “no puede ser juez la persona que tuviera dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico”.
En diciembre de 2005, el pleno del Máximo Tribunal chileno emitió una acordada en la que decretó la obligatoriedad de que los ministros, jueces y funcionarios se sometieran a un test antidrogas de manera aleatoria y sorpresiva, que tendría carácter de reservado.
La jueza Navarro fue evaluada en 2007 y el test dio positivo por consumo de cocaína. Luego, se sometió a un tratamiento de rehabilitación por diez meses durante los cuales presentó extensas licencias médicas.
Al volver, fue sometida este año a un nuevo control toxicológico y clínico, que volvió a dar positivo, lo que generó la decisión de la Corte de esta semana.
El presidente del Máximo Tribunal chileno, Urbano Marín, sostuvo que la situación era “dolorosa”. Sin embargo, ratificó la necesidad de examinar a los funcionarios judiciales: “Desgraciadamente hay que hacer estos controles y tomar medidas cuando se producen”.
Marín garantizó un debido proceso y explicó que recién se abrió un cuaderno de remoción pero que aún no se completó el proceso.
Por su parte, el presidente de la Corte de Apelaciones, Jorge Dahm (superior directo de la jueza Navarro), sostuvo que hasta ahora “no hay ningún reclamo” con respecto a la influencia de la adicción de la magistrada en sus resoluciones.
Dahm reconoció que “es doloroso para el Poder Judicial que uno de nuestros funcionarios tenga este problema, pero eso no impide que tengamos necesariamente que actuar de la forma que lo hicimos”
Ahora, la jueza enfrentará un proceso en el que tendrá derecho a presentar sus descargos antes de que el pleno resuelva finalmente si la expulsa o no del Poder Judicial.