La figura del defensor del pueblo fue creada por ley en 1994 pero recién a mediados del año pasado se creó que la Comisión Bicameral para avanzar en su designación. “La premura en la integración de dicha Comisión obedece a la intención de avanzar en una propuesta de postulantes para elevar al plenario antes del cierre del período legislativo”, criticaron las entidades.
Los candidatos hasta ayer eran tres: el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, propuesto por el ARI; el senador radical Marcelo Honores, por la UCR; y el diputado Carlos Bonicatto por el Frente para la Victoria, quien finalmente fue votado por la Cámara de Diputados.
Las ONG reclaman un mayor proceso de selección con participación de la ciudadanía. La ley 13.834 del defensor prevé la impugnación u observaciones pero de los candidatos pero las entidades eso solo constituye “un piso mínimo que exige ser complementado con otras medidas que apunten garantizar en forma efectiva la transparencia y participación de la sociedad”.
“Por lo tanto, le solicitamos a la H. Comisión que Ud. preside que dicte un reglamento que recepte estos principios, a cuyo efecto adjuntamos a la presente las propuestas elaboradas por la campaña “Una Defensoría del Pueblo, para el Pueblo y por el Pueblo” respecto del procedimiento de designación del/la Defensor/a del Pueblo de la Nación.”, le pidieron a Navarro.
Entre los reclamos se encuentran la aplicación del decreto 222/03 que dictó Néstor Kirchner para la selección de los jueces de la Corte Suprema. Allí, además de las observaciones a los candidatos, se prevé una audiencia pública para que los postulantes contesten preguntar y la presentación de su declaración jurada de bienes.
Para las organizaciones la falta de esos avances “sufrirían un enorme retroceso si los órganos provinciales instauraran un mecanismo de elección del Defensor/a del Pueblo que no tuviera en cuenta los principios referidos y estuviese motivado únicamente por acuerdos políticos”.
“Teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires concentra a la mayor cantidad de población en situación de vulnerabilidad social, entendemos que el titular de la Defensoría del Pueblo de la Provincia debe ser una persona de reconocida trayectoria y compromiso con los derechos humanos, que sea electa mediante un procedimiento que garantice la posibilidad de presentar candidatos, la transparencia en las decisiones y la participación real de todos los actores involucrados”, concluyeron.