La medida fue tomada en el marco de la causa, “Acuña María Soledad contra GCBA y otros sobre procesos incidentales”, donde se da cuenta del estado deplorable del mencionado pabellón.
“Pudieron advertirse condiciones de hacinamiento, peligro e indignidad, constatándose la falta de duchas e insuficiencia de inodoros; faltas graves de higiene; pésimas condiciones de infraestructura (…); presencia de numerosos felinos; vidrios rotos; falencias en las medidas de seguridad (carencia de hidrantes; falta de capacitación del personal para una eventual evacuación; pantallas de gas no reglamentarias)” sostiene la jueza en su fallo.
Asimismo se destaca la poca consideración hacia las pacientes del establecimiento de salud mental, pues “las mujeres que allí habitan no sólo están privadas de sus derechos constitucionales (por caso, no sólo se violenta su derecho a la dignidad, atento las condiciones en las que viven; sino también a su libertad), sino que además están discriminadas y estigmatizadas”.
“Al sistema político no parece importarle toda vez que no las considera dentro de sus prioridades” dice Petrella y agrega que: “no cabe en ninguna mente humana que tenga un criterio de razonabilidad que ciertas personas deban vivir en dicha situación de indignidad frente a la desidia estatal”.
Los Principios de salud Mental establecen que todas las personas que “padezcan enfermedad mental, o que estén siendo atendidas por esta causa, serán tratadas con humanidad y respeto por la dignidad inherente a la persona humana”. Principios que “son absolutamente violados en el caso de las pacientes internadas en el Pabellón Tomasa Vélez Sarfield del Hospital Moyano”.
Ello pues los artículos 20, 21, 31 y 42 de la Constitución de la Ciudad garantizan el derecho a la salud, a un hábitat adecuado y a la protección integral de las personas con necesidades especiales. Y “las Leyes 153 y 448 garantizan el derecho a la salud integral en general y a la salud mental en particular”.
Hasta el momento ya se han dictado varias sentencias para que el Gobierno de la Ciudad mejore la situación de los centros de salud mental. En el 2007, la misma Petrella dicto una medida que en el 2008 fue confirmada por la sala I del fuero. Además, la misma sala también resolvió, a mediados del año pasado, una medida cautelar ordenando la realización inmediata de las tareas necesarias a fin de garantizar condiciones dignas de habitabilidad en el mismo pabellón.
Además de disponer el comienzo de la obras, la jueza libró oficios para la Defensoría General de la Nación, la Cámara Civil, el Ministro de Salud del GCBA, al director de Salud Mental del GCBA y al director del Hospital Braulio Moyano. En la ciudad existen tres hospitales monovalentes en los que hay cerca de tres mil personas viviendo. No obstante, desde el ejecutivo porteño la única respuesta que pareciera existir es, “no hay presupuesto”.