En cuanto a los números que se consignan en el trabajo, se registraron en el país a fines de este año, 2.826 casos. El año pasado el número de muertes fue de 2557, lo que significa un promedio de veinte personas muertas por el estado por mes para el 2009.
DiarioJudicial.com habló con la titular de CORREPI, María del Carmen Verdú, quien se mostró preocupada, pues los números siguen en ascenso. “Del año pasado a este se paso de dieciséis casos mensuales a veinte casos” dijo. Además expresó que desde el momento en que se presentó el informe, en noviembre último, ya muchos casos más. Sostuvo que “en los últimos veinticinco días hubo 25 casos” lo que modifica a “más de veinte casos por mes”.
El informe realizado por la organización incluye ciertas modalidades represivas que utilizan los gobiernos. Clasificando las muertes en, gatillo fácil; muertes en cárceles y comisarías; fusilamientos en movilizaciones u otras protestas; muertes intrafuerza o intrafamiliares; causas fraguadas, o consecuencia de otros delitos; otras circunstancias (desapariciones, etc.).
En relación con esto, del total de muertes, un 51% se produjo como consecuencia del gatillo fácil. “La mayoría de los casos motivado por la “pinta” de la víctima (joven y pobre) y en ocasiones respecto de quienes son sospechados de haber cometido delitos” señala el informe.
El segundo mayor porcentaje corresponde a las muertes ocurridas en cárceles, comisarías o bajo custodia, “muchos de estos casos son, lisa y llanamente, hechos de tortura seguida de muerte”. Mientras que el resto de los porcentajes pertenece a: muertes intrafuerza (9%), otras circunstancias (4%), en movilización o protesta social (2%) y en causa fraguada o consecuencia de otros delitos (1%).
Verdú, también hizo hincapié en que la situación planteada “es una política de Estado, no importa de que gobierno estemos hablando” para ello habló acerca de por ejemplo los índices de casos en relación a la cantidad de habitantes, donde provincias como Tierra del Fuego y Santa Fe son las que poseen la mayor cantidad de casos por millón de habitantes (148,40 y 99,64 respectivamente).
Otra conclusión a la que llegan desde la organización es que “no hay purga que pare el gatillo fácil”. Asimismo, no se puede atribuir superficialmente la continuidad y profundización represiva a “resabios de la dictadura” pues “es significativa la cantidad de hechos protagonizados por ‘nuevos cuadros’ de las estructuras que, una y otra vez, han sido reformadas, purgadas, descabezadas, capacitadas y sometidas a cursos y talleres de DDHH, muchas veces dictados por dirigentes de ONGs que apuestan a la posibilidad de la ‘democratización’ del aparato represivo del estado”.
“Adopte la forma que adopte, la represión es siempre de clase, y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación, que requiere, obviamente, opresión” concluye el informe.
Este jueves 17 de diciembre, la CORREPI realizará un escrache al Tribunal de Casación bonaerense en La Plata, denunciando su sistemática protección a los policías asesinos.