Un anteproyecto presentado por el gobierno español plantea la posibilidad de cerrar sitios de descarga que ofrezcan contenidos protegidos por derechos de autor. El cierre de las webs se realizaría luego de una suerte de “careo” ante un juez en lo Contencioso Administrativo. TEXTO COMPLETO
El gobierno español presentó un anteproyecto denominado Ley de Economía Sostenible (LES), en donde, entre otros temas, se plantea la posibilidad de cerrar páginas webs de descarga que faciliten, sin permiso, la descarga de contenidos protegidos por derechos de autor.
Se trata de la disposición final primera del anteproyecto en donde se agrega la “salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual” y en este marco la posibilidad del cierre de las webs.
El Ministerio de Cultura español sería el encargado de velar por tales derechos de acuerdo a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Así, el ministerio deberá crear la comisión de propiedad intelectual encargada que ejercerá funciones de mediación y arbitraje y de salvaguarda de tales derechos.
No obstante, el anteproyecto plantea una suerte de “careo” ante un juez previo a la decisión del cierre de una página web, en donde el magistrado "oirá a todos los personas y resolverá mediante un auto autorizando o denegando la ejecución de la medida", es decir, el bloqueo de la web denunciada.
“Corresponderá a los Juzgados Centrales de lo contencioso administrativo autorizar, mediante auto, la ejecución de la resoluciones adoptadas por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual para que se interrumpa la prestación de servicios de la información o para que se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual” consigna el anteproyecto.
De este “careo” participaran un representante de la página denunciada, los dueños de los derechos de autor, un representante de la Administración y un fiscal. Asimismo, el juez no podría extenderse en más de cuatro días para su decisión.
No obstante, “lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las acciones civiles, penales y contencioso-administrativas que, en su caso, pudieran corresponder a los titulares de los derechos de propiedad intelectual”.
“Los actos administrativos dictados por la Agencia de Protección de Datos, Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Consejo Económico y Social, Instituto «Cervantes», Consejo de Seguridad Nuclear y Consejo de Universidades, la Comisión de Propiedad Intelectual, directamente, en única instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional” culmina la disposición.
Por su parte, la Asociación de Internautas (AI) se pronuncio en contra del anteproyecto y creo una pagina web en contra de tal iniciativa http://red-sostenible.net/ en la que detallan que tal iniciativa “viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, entre otros”.
"Establece un procedimiento punitivo “a la carta” para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito, implicando incluso la necesidad de modificar al menos 4 leyes, una de ellas orgánica” explican y agregan que esto “conlleva un cambio radical en el sistema jurídico y una fuente de inseguridad para el sector de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación)”. Culminando con la frase “Internet no será otra tele”.