El recurso fue interpuesto ante el juzgado federal número uno, a cargo de María Romilda Servini de Cubría, en virtud del sobreseimiento que había dispuesto el 4 de febrero último la magistrada sobre el ex primer mandatario, lo que el fiscal consideró una decisión “prematura” ya que “todavía restan producir algunas pruebas”.
Rodríguez Saá envió el 31 de diciembre a la madrugada desde su provincia de San Luis, un escrito al vicepresidente del Senado de la Nación, Juan Carlos Maqueda, donde señaló que “en uso de licencia por las razones del artículo 88 de la Constitución Nacional y ante las circunstancias que vive el país, lo instruyo para que se inicie el proceso de sucesión presidencial...”. Al día siguiente, el Congreso le aceptó la renuncia y se designó a Eduardo Duhalde como su sucesor.
El representante del Ministerio Público, expuso que “el hecho objeto de este proceso penal se circunscribe a valorar si desde la noche del día domingo 30 de diciembre de 2001 hasta el 1 de enero de 2002, el Dr, Adolfo Rodríguez Saá hizo abandono de su cargo” conforme el Código Penal. En ese sentido, Comparatore consideró que “la prueba reunida en la causa resulta insuficiente como para poder emitir un juicio definitivo sobre el asunto”.
Por este motivo, el fiscal requirió como medida de prueba el libro de actas donde se refleja la sucesión presidencial desde la asunción del cargo de Rodríguez Saá, una semana antes de su renuncia, hasta la asunción del ahora presidente Duhalde.
También solicitó que se interrogue a los máximos responsables de la seguridad del país “para que señalen si dichas jornadas tuvieron algún tipo de contacto con Rodríguez Saá o si éste último dio instrucciones precisas para evitar cualquier perjuicio a la Nación Argentina por su ausencia del ámbito de la Capital Federal”.