El ministro de Justicia porteño, Guillermo Montenegro, justificó la compra por parte del Gobierno porteño de las pistolas paralizantes Taser X26 que van a ser utilizadas por la nueva Policía Metropolitana. El funcionario reiteró que no son letales y que "son para cuidar a la gente y no para agredirla". Minimizó las objeciones de la ONU y de Amnistía Internacional y argumentó que sólo se trata de advertencias sobre su mala utilización y no sobre las armas de electrochoque en sí. Según el ministro de Justicia porteño, el objetivo es “reducir la capacidad de agresión de la policía”,"más muertes se producen por armas de fuego”, justificó. Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento a los gobiernos de todo el mundo para que limiten el uso de armas paralizantes apoyada en las conclusiones de la comisión de investigación Braidwood en Canadá que determinó que se trata de dispositivos potencialmente letales. La investigación que data de 2008 y que se publicó la semana pasada, fue dirigida por el juez retirado y consejero de la reina, Thomas Braidwood, y se enfocó en el uso de armas Taser en la provincia de la Columbia Británica. Según el informe, las armas de energía conducida tienen la capacidad de alterar el ritmo cardíaco con consecuencias mortales, incluso en personas sanas, especialmente cuando los proyectiles impactanen el pecho. Las armas de electrochoque con dardos como las Taser, adquiridas por el Gobierno porteño, tienen la capacidad de inmovilizar a una persona al alterar el sistema nervioso central produciendo contracciones musculares incontrolables. Potencialmente pueden ocasionar ataques cardíacos, por eso una de las recomendaciones de la comisión investigadoras es que los efectivos que las utilicen estén munidos de un desfibrilador para casos de emergencia.
Con la esperanza en Casación
La Sala de Feria de la Cámara Nacional de Casación Penal llevó a cabo una audiencia oral por las excarcelaciones de seis de los imputados en la causa por los medicamentos truchos. Los jueces Mariano González Palazzo, Gustavo Mitchell y Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso comenzaron con el tratamiento de las situaciones de Juan José Zanola, secretario general de la Asociación Bancaria, Miguel De Marco, ex funcionario de la ANMAT, Martín De Marco (hijo del anterior), María Victoria Berisso, secretaria de Néstor Lorenzo; y de los directivos de la droguería Del Plata, Bernardo Hogan y Alejandro Martino. El pasado 30 de diciembre la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que había confirmado la denegatoria de las excarcelaciones, concedió el recurso de casación.
El Gobierno le aceptó la renuncia a uno de los jueces que juzgó a Etchecolatz y Von Wernich
Se trata de Horacio Alfredo Insaurralde, quien a partir del 1 de febrero próximo dejará de desempeñar su función como en el Tribunal Oral Criminal Federal Nº 1 de la ciudad de La Plata. Su dimisión fue oficializada este martes con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 96/2010, que lleva la firma de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y del ministro de Justicia, Julio Alak. Junto a Carlos Rozanski y Norberto Lorenzo, Insaurralde integró el tribunal que en el 2006 condenó a prisión perpetua a Miguel Etchecolatz en lo que fue el primer juicio por delitos de lesa humanidad tras la derogación de las leyes de impunidad. Un año después el mismo tribunal condenó al capellán policial Christian Von Wernich.
Llamó a no recurrir “a la amnistía ni puntos finales”
A diez días de la victoria del derechista Sebastián Piñera en segunda vuelta, la presidenta de Chile Michelle Bachelet, pidió no dar por terminados los juicios por crímenes de lesa humanidad y subrayó la necesidad de conocer la verdad de los hechos. “Quiero reafirmar la trascendencia de que tienen que continuar adelante los juicios sobre violaciones a los derechos humanos y la convicción que tenemos que tener todos de no recurrir a amnistía ni puntos finales que impidan que la verdad se imponga y que la justicia haga su tarea”, declaró la primera mandataria en una ceremonia en una facultad de la Universidad de Chile, que cambió su nombre a “Salvador Allende”. El acto de este martes se hizo 24 horas después de la identificación de los restos de once colaboradores del fallecido presidente socialista, que fueron detenidos el 11 de septiembre de 1973, el día del golpe de Estado de Augusto Pinochet.