El acuerdo fue firmado el pasado 8 de enero tiene por objetivo que la Fiscalía General y la Policía porteña, entre otros, intercambien conocimientos y buenas prácticas, así como, el establecimiento de pautas concretas para garantizar la defensa pública y la asesoría tutelar, en especial en los casos en los que se encuentren involucrados menores de edad y personas vulnerables.
Además, impulsar el intercambio de información y reportes estadísticos que faciliten la evaluación de los sistemas de gestión y el control de las investigaciones, y la promoción y difusión de los elementos técnicos y herramientas tecnológicas más avanzadas para ser utilizadas en las investigaciones.
En cuanto a su ejecución, el acuerdo establece que los agentes de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Metropolitana “ejercerán funciones auxiliares del MPF en las investigaciones y averiguaciones que les requieran los fiscales, tanto a través de los funcionarios que se desempeñan en sus Unidades Fiscales como por intermedio del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (C.I.J.) del MPF”.
Paralelamente, se crea también una comisión mixta interinstitucional encargada de analizar aspectos técnicos y operativos a implementar en forma progresiva. Esto es, el modo en que se va a implementar la interacción entre los fiscales y la policía, sobre todo en las investigaciones que se inicien ante la Policía. Asimismo, la posibilidad de instalar una Terminal de denuncias en las sedes de la fuerza policial, la eventual implementación de un sistema de registro o la cooperación entre las Unidades de Investigación Criminal (PM) y las Unidades Fiscales MPF).
La comisión está compuesta por el Fiscal General, Germán Garavano; el Ministro de Justicia, Guillermo Montenegro; el jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco; el secretario general de política criminal y planificación estratégica, Agustín Gamboa y el órgano de conducción del CIJ. El acuerdo posee una vigencia de dos años con renovación automática.