El acuerdo Nº 4483 firmado por los integrantes del Superior Tribunal, Oscar Masei, Ricardo Kohon, Antonio Labate y Lelia Martinez de Corvalán, convalidó la reforma de las fiscalías planteada por el jefe de fiscales del cuerpo, Alberto Tribug, aprobando así la resolución 1/2010 de la Fiscalía del STJ.
Los cambios que se plantean se expresan en la creación de cinco fiscalías generales en las que recaerán las causas que hoy en día se distribuyen entre las fiscalías anteriormente mencionadas. Mientras que las nuevas causas recaerán en la que esté de turno, según el cronograma judicial.
Por otro lado, se mantendrá la fiscalía General, aunque pasará a llamarse de Entradas y perderá la facultad de investigar. Limitándose a la coordinación y distribución de tareas. Asimismo, mantendrán su condición de especializadas la de Delitos Juveniles y la de Graves Atentados Contra las Personas, que limitará su intervención a homicidios, lesiones gravísimas y abuso sexual.
Según consta en la resolución 1/2010, estos cambios tienen que ver principalmente con un proceso de cambio ya que en la Legislatura provincial se encuentran en tratamiento anteproyectos de reforma al Código de Procedimientos Penales. “Lo que vaticina un cambio al paradigma que impone nuestra Constitución Nacional, esto es, al sistema acusatorio, dejándose el vigente, nacido bajo la fuerte influencia inquisitiva, procedimiento mixto, en el que el acusador sólo ejerce un rol o papel secundario” sostiene la resolución.
“Semejantes cambios, tornan imperioso comenzar a preparar la organización interna de las Fiscalías, cuya tarea y función resultan imposibles de ignorar como órgano interviniente en el procedimiento penal” agregan.
Además, el nuevo esquema organizativo incluye un fiscal de Cámara, de consulta, por turnos mensuales; y otro fiscal de Cámara en la función anual de superintendencia de todas las fiscalías. También habrá una oficina del cuerpo de fiscales encargada de todo lo administrativo (gestión de RRHH y materiales, obtención de recursos, gestión administrativa de pericias, etc) que confeccionara el mapa del delito.
Entre los objetivos de las reformas se encuentran, entre otros; lograr una mayor eficacia en la tarea de investigación; acentuar en el ejercicio de las funciones de los integrantes del Ministerio Público Fiscal los principios de objetividad, unidad de actuación, flexibilidad y dependencia jerárquica; mejor utilización de los recursos humanos y una mayor transparencia de la actuación fiscal.