El último domingo de octubre, junto con las elecciones presidenciales, Uruguay votó un plebiscito que consultaba sobre la derogación o el mantenimiento de la ley de amnistía para los militares y policías que cometieron violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, entre 1973 y 1985. Pese a la movilización, no se llegó al 50 por ciento necesario para anular la ley.
El mensaje que debían transmitir todos los medios orientales mostraba a familiares de los detenidos y desaparecidos que pedían el voto rosado para anular esa ley, que al día de hoy continúa vigente.
De los 363 medios obligados a adherirse a la cadena que debía emitirse el 22 de octubre pasado, 36 no lo hicieron. El ministro de Industrias oriental, Raúl Sendic, aseguró que los montos para las multas serán fijados en función de la audiencia y los antecedentes de los medios de comunicación involucrados.
La decisión de sancionar a las emisoras fue tomada durante una reunión del gabinete de Vázquez, que a partir del próximo 1º de marzo será sucedido por el presidente electo José “Pepe” Mujica, también del Frente Amplio.
Sendic dijo que las sanciones a los medios de comunicación constituirán “una señal clara a futuro”. “Cuando se establece una cadena nacional de radio y televisión, los medios deben adherir porque hacen uso de un bien público y deben prestar servicios cuando las necesidades del gobierno y el Estado lo requieren”, sostuvo.
Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay, Gustavo Cerósimo, salió a defender a las emisoras y aseveró que “en muchos casos la situación se dio porque la comunicación del Poder Ejecutivo no llegó a tiempo”.