El año pasado, el diputado-consejero Carlos Kunkel, que integra la comisión de Reglamentación, presentó una iniciativa para que tanto funcionarios como empleados puedan afiliarse.
El 5 de noviembre, el plenario del Consejo modificó el artículo 8 del Reglamento para la Justicia Nacional que prohibía a empleados, funcionarios y magistrados del Poder Judicial afiliarse a partidos políticos y estableció que los empleados sí podrían afiliarse. Pero los funcionarios quedaron afuera.
Kunkel sostuvo que el Reglamento no estaba en línea con lo dispuesto por la ley Orgánica de los Partidos Políticos (23.298), modificada a fin del año pasado por la ley de reforma política (26.571). Ambas señalan que los únicos que no pueden estar afiliados a partidos políticos son los jueces.
En diálogo con este diario, Mosca explicó que el tema dará para largo pues los Reglamentación de la Corte Suprema no alcanza, por ejemplo, a los funcionarios de las 13 vocalías del Consejo (cada consejero tiene, en promedio, ocho empleados).
El consejero-abogado, que en 2007 presidió el Consejo, añadió que el quid de la cuestión será resolver si la “afiliación partidaria implica o no un menoscabo a la independencia” de los empleados, funcionarios y jueces.
Mosca anticipó que este año también se debatirá en la comisión de Reglamentación el tema de los traductores. El consejero explicó que en las causas penales, muchas veces en necesario pedir traducciones y el “inconveniente” está en quién debe pagar ese trabajo.
En rigor, si la traducción fuera pedida por un juez la debería pagar el Consejo y si fuera encargada por un fiscal debería hacerse cargo el Ministerio Público. Mosca aseguró que hace el presidente del Consejo y el Procurador General, Esteban Righi, ya se reunieron varias veces por este tema pero aún no se zanjó el asunto.
“Por vía reglamentaria podríamos decir que el Consejo sólo debería pagar un pedido de traducción formulado por un juez pero muchas veces es necesario atender también el pedido del fiscal”, aseguró Mosca que definió al asunto como “una zona gris”.
El consejero-abogado no quiso ratificar su continuidad al frente de la comisión de Reglamentación pues sostuvo que “primero se debe definir quienes deben integrar las comisiones y luego quienes las presiden”, algo que podría conocerse en el próximo plenario del Consejo, previsto para el jueves 18 de febrero.