Luis Cevasco, el Fiscal General Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, habló con DiarioJudicial.com al respecto y explicó que desde el ministerio público se plantea que “no se ha dado cumplimiento a la ley de impacto ambiental”, ya que “antes de autorizar es necesario el estudio de impacto ambiental”. Sin embargo, y “a pesar de ello el Gobierno le dio la autorización para la realización de los recitales”.
En este sentido expresó que el ministerio público realizó tres presentaciones contra el funcionario que autorizó los recitales por “incumplimiento de deberes de funcionario público”. Se trata de Martín Farrel, quién se encuentra a cargo de la Dirección de Habilitaciones del Gobierno de la Ciudad.
En cuanto a las denuncias presentadas, una es por los recitales en GEBA, otra por los del club Ciudad, y la tercera por el recital de ACDC. En este sentido confirmo que en las dos primeras causas el fiscal correccional a cargo pidió la indagatoria el mencionado funcionario. Asimismo se está preparando otra presentación por el recital de Metallica realizado en enero de este año.
La ley mencionada por el fiscal es la Nº 123 destinada a la evaluación de impacto ambiental. En ella en su artículo 5 se consigna que “las actividades, proyectos, programas o emprendimientos de construcción, modificación y/o ampliación, demolición, instalación, o realización de actividades comerciales o industriales, susceptibles de producir impacto ambiental de relevante efecto, deben someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) como requisito previo a su ejecución o desarrollo, y cuando correspondiera, previo a su certificado de uso conforme, habilitación, o autorización”.
“Lo que nosotros planteamos en este hecho es que se cumpla con la ley de la ciudad” dice Cevasco y agrega que “el gobierno viene ignorando la ley”.
En otro orden de cosas, al se r consultado acerca de uno de los argumentos que se esgrimieron en varios medios por medio de los cuales se aseveraba que se necesitaba la realización de un recital más para culminar con el estudio de impacto ambiental. Cevasco sostuvo que se trata de un “absurdo jurídico” ya que “judicialmente es imposible” porque tal como lo marca la ley “el estudio debe ser previo al recital”.
Otra aclaración que realizó es que el encargado de realizar dicho estudio es la empresa que organiza el evento, donde el estado debe ser pasivo y esperar los resultados del estudio. No obstante, el ingeniero que realiza el estudio es alguien designado por el Gobierno de la Ciudad. “El estudio lo tiene que hacer la empresa” dijo el fiscal adjunto.
La primera presentación fue realizada por los vecinos de Núñez a mediados del año pasado. Aunque otros barrios en los que tambien se realizan recitales de similar tenor, como Vélez Sarsfield o Ferro, sus vecinos, no han iniciado denuncias por las vibraciones que estos generan. Al respecto, el fiscal explicó que se trata de subsuelos diferentes a los que se le suma el hecho de que son barrios bajos, casi sin edificios altos, y las principales consecuencias de las vibraciones se producen en edificios altos.
En River “sí se verifico que la vibración oscila entre diez y dieciocho veces más que las permitidas” sentenció.