Lo aseguró el organismo en un informe sobre la situación de los Derechos Humanos en ese país. Si bien se reconoce “la erradicación del analfabetismo, la reducción de la pobreza, y el incremento en el acceso de los sectores más vulnerables a servicios básicos como la salud”, se destacaron “serias falencias” en los “derechos sindicales” y en los derechos de los pueblos indígenas. TEXTO COMPLETO
“En aras de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela no puede sacrificarse la vigencia de otros derechos fundamentales. Los derechos humanos constituyen un todo indisoluble y, conforme señala la Convención Americana en su preámbulo, ‘sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos’.”
La cita corresponde al informe sobre “Democracia y Derechos Humanos en Venezuela” dado a conocer esta semana por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que encabeza Luz Patricia Mejía Guerrero y cuyo secretario ejecutivo es el argentino Santiago Canton.
Conocido el documento, el presidente de Venezuela Hugo Chávez anunció este jueves que su país abandonará el organismo pues lo considera un “cuerpo politizado” y utilizado por “el imperio [Estados Unidos] para agredir” a otros gobiernos.
Por su parte, el agente de Derechos Humanos del Estado venezolano, Germán Saltrón, expresó el rechazo de su Gobierno al informe por la falta de “pruebas”. LA CIDH dejó constancia de que el informe se hizo sin haber podido realizar una visita de observación a Venezuela debido a la negativa del Gobierno.
Aclaró que la última visita de la CIDH fue en mayo de 2002 (cuyas observaciones fueron volcadas a un informe en diciembre de 2003) pero que desde ese momento el Ejecutivo no accedió a la presencia del órgano de la OEA en el país. Venezuela dijo que no se permitió la presencia de la OEA en el país porque el organismo no reconoció que “erró” al apoyar el golpe de Estado que derrocó a Chávez por 48 horas en abril de 2002.
El documento sostuvo que “la intolerancia política, la falta de independencia de los poderes del Estado frente al ejecutivo, las restricciones a la libertad de expresión y a la protesta pacífica, la existencia de un ambiente hostil para el libre ejercicio de la participación política en disenso y para la actividad de monitoreo por parte de las organizaciones de derechos humanos, la inseguridad ciudadana, la violencia que afecta a las personas privadas de su libertad, a sindicalistas, a mujeres y a campesinos, y sobre todo la impunidad en la que se encuentran los casos de violaciones a los derechos humanos, son factores que limitan seriamente la vigencia de los derechos humanos en Venezuela”.
Al referirse a la justicia, la CIDH observó con “especial preocupación la cantidad de jueces que son designados sin que medie un concurso público de oposición, y que en consecuencia son de libre remoción, lo que los vuelve vulnerables a presiones indebidas al momento de emitir sus decisiones”.
Según los datos recabados “más de la mitad de los jueces en Venezuela no goza de estabilidad alguna en su cargo, lo que permite que sean removidos al momento de tomar decisiones que afecten los intereses del gobierno”.
Sin embargo, la CIDH reconoció la “progresiva vigencia” de los “derechos económicos, sociales y culturales” y destacó “la erradicación del analfabetismo, la reducción de la pobreza, y el incremento en el acceso de los sectores más vulnerables a servicios básicos como la salud” aunque señaló la existencia de “serias falencias en materia de derechos sindicales así como también en relación con el derecho de los pueblos indígenas a su territorio”.