El magistrado no fijó aun fecha para la declaración de Cavallo, pero en cambio convocó a Camilión, quien hasta el momento no había sido indagado, para el próximo 21 de febrero, a la vez que llamará a los oficiales del Ejército asignados a Fabricaciones Militares, cuando se realizaron los convenios con el Ejército que permitieron la salida ilegal del país de cientos de toneladas de armas, municiones y pólvora.
Cavallo fue indagado a fines de septiembre del año pasado y con posterioridad el juez Speroni dictó la falta de mérito del ex ministro de Economía, firmante de los decretos que sirvieron de base para la venta de las armas.
Tras su renuncia en diciembre último, la fiscal federal Alicia Sustaita requirió a Speroni que Cavallo sea citado nuevamente a indagatoria a la vez que pidió su procesamiento y prisión preventiva adjudicándole responsabilidad en las maniobras por contrabando agravado de armas.
La situación de Cavallo no se había visto comprometida en ninguna de las causas por las que se investigaron las maniobras, pero los cargos que le imputa la fiscalía contemplan penas que van de los cuatro a los doce años de prisión, sumándose así a los expedientes abiertos en otros juzgados federales donde se lo investiga por su responsabilidad en el “megacanje” y por presuntamente instar a los bancos a no cumplir con los mandatos judiciales que autorizaban a los ahorristas a retirar los depósitos aún con la vigencia del “corralito” financiero.
Cabe recordar que el 27 de diciembre pasado, la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico concedió la libertad del ex Jefe del Ejército Martín Balza, en una resolución en la cual entendió que no había responsabilidad de la institución Ejército en las maniobras, y que Balza no suscribió los convenios entre su fuerza y Fabricaciones Militares, para la reparación de cañones que luego fueron vendidos a Croacia, y sustituidos por otras piezas adulteradas.
En dicha resolución, la Cámara ordenó a Speroni que cite a declarar a Camilión, firmante del decreto 103/95, así como también al ex vice canciller Juán Carlos Olima y al ex subjefe del Ejército Raúl Gomes Sabaíni.
La nómina de indagatorias que dispondrá Speroni, en cumplimiento de esa resolución, se completa con los nombres del ex jefe del tercer Cuerpo de Ejército, Carlos Alberto Quevedo; el ex jefe del Grupo de Artillería 141, coronel Eduardo Quatrochi; el ex subjefe de la Fàbrica Militar de Rio Tercero, teniente coronel Carlos Cavazzola; el ex jefe de la Producción Mecánica, Marcelo Gatto y el ex Jefe del Centro de Cargas, Omar Nelson Caviglio.
La causa por la venta ilegal de armas dio un giro sustancial cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación descartó la existencia de una asociación ilícita en la que aparecían implicados como jefe y organizadores, el ex presidente Carlos Menem, algunos de sus ministros, Balza y el ex asesor presidencial Emir Yoma.
A partir de ese momento y luego del pronunciamiento de la Cámara Nacional de Casación Penal, la causa quedó unificada en manos de Speroni, quien hasta ese entonces solo investigaba el contrabando de armas. El 28 de diciembre elevó a juicio oral y público un tramo de las investigaciones, en las que aparece involucrado el ex ministro de Defensa Antonio Erman González.