La medida fue dispuesta para que se realicen pericias contables que el juez encomendará a expertos de la Corte Suprema de Justicia, luego de haber recibido una denuncia formulada por un abogado contra el ex Secretario General de la Presidencia Nicolás Gallo, por supuestas anomalías en los contratos para la explotación de los espacios.
Según fuentes judiciales, Bonadío tomó la decisión, luego de escuchar a dos empresarios gastronómicos que se presentaron al Juzgado Federal número 11 en calidad de testigos. Los empresarios reconocieron haber tratado con Juan Gallo, hijo del ex funcionario, para negociar contratos con las empresas adjudicatarias pero a un precio muy superior al canon pagado por éstas.
En la denuncia, el letrado Antonio Liurgo Boianelli solicitó a Bonadío que investigue si se otorgó la explotación de un área de alrededor de 5.600 metros cuadrados a un “precio vil” de 2.000 pesos. El letrado también acusó a Gallo hijo como “integrante y socio oculto” de las empresas beneficiadas.
Gallo habría sido fundador y presidente del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE) que remplazó al ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (ENABIEP). El nuevo organismo llamó a licitación para los trabajos de refacción, ampliación, administración y explotación del espacio, ubicado según Liurgo Boianelli “en uno de los lugares más caros desde el punto de vista de valor inmobiliario de la ciudad de Buenos Aires”.
El abogado solicitó una pesquisa sobre el eventual perjuicio al patrimonio del Estado Nacional y la delegación de funciones que “ONABE está en condiciones de hacer, tal como la administración de bienes públicos para lo que fue creado”.