Un total de 18 asociaciones y sindicatos del sistema judicial francés se manifestaron este martes frente al Palacio de Justicia en París, contra el plan de reforma del Códido Penal impulsado por el presidente, Nicolás Sarkozy. Según los manifestantes, el cambio traería más presión a un sistema con tribunales y cárceles desbordadas, y menos independencia a los magistrados. La protesta es el último episodio de una larga batalla sobre el futuro del sistema judicial de Francia.
El descontento se debe a varios motivos. En primer lugar, los recursos limitados de la justicia francesa. Los jueces y funcionarios de tribunales dicen estar sobrepasados y disparan contra la sobrepoblación en las cárceles.
En un comunicado, los sindicatos dijeron que limitar el financiamiento del sistema judicial golpearía su independencia y, sobre todo, protestaron por la eliminación de la figura del juez de instrucción. “La justicia está en peligro, unámonos” y "No hay justicia ni defensa sin independencia", plasmaron en carteles los manifestantes.
"Estamos frente a una ruptura de la institución judicial y de un intento de controlarla", le dijo a la agencia de noticias AFP el presidente del Sindicato de Abogados de Francia, Jean Louis Borie.
Según el Gobierno francés, la reforma quiere darle la responsabilidad de lanzar investigaciones a los fiscales estatales, que responden al Ministerio de Justicia. Los detractores insisten en que la medida tiene la intención de “controlar los casos que eran bochornosos o sensibles para el Gobierno”.
El juez de instrucción es la única figura realmente independiente del aparato jurídico y los manifestantes se quejan de que Sarkozy no da garantías sobre la creación de nuevos futuros contrapesos para aquellos acusados que no pueden pagarse abogados privados caros.
El proyecto de Sarkozy tiene como finalidad orientar la administración de la justicia hacia un modelo de corte anglosajón y para ello, sustituir esa figura del juez instructor, por un juez árbitro.
Muchos de los que cuestionan el plan, se amparan en la tradición jurídica continental, pero el ángulo político es el que se ha situado en el centro del debate. Se acusa a Sarkozy de atacar la imparcialidad de la justicia al eliminar al juez de instrucción, traspasando parte de sus funciones al Ministerio fiscal, controlado en mayor grado por el Poder Ejecutivo.
Ya el año pasado, los dos principales sindicatos de magistrados franceses, la Unión Sindical de los Magistrados (USM) y el Sindicato de la Magistratura (SM) calificaron de “regresión democrática” la medida anunciada.
Por su parte, el Presidente francés había manifestado en un discurso que el juez de instrucción “no puede ser el árbitro” y “aunque controle el desarrollo de las investigaciones, no debería dirigirlas”, según figura en un artículo publicado por DiarioJudicial.com en 2009.
En la misma nota se menciona que fue Napoléon Bonaparte quien creó los jueces de instrucción hace dos siglos. Ese tipo de magistrados ha gozado de independencia y amplísimos poderes para investigar los delitos más graves, ordenar escuchas telefónicas, registros domiciliarios e incluso la prisión preventiva durante un periodo de tiempo indefinido. Su figura es un elemento central del procedimiento inquisitorio francés y, si bien sólo se ocupa de un 5% de los casos, su papel es regularmente cuestionado.
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