Consultado por DiarioJudicial.com sobre la propuesta de Jaque, el fiscal y co-director de la Maestría de Ciencias Criminológicas Forenses de la UCES, Ángel Nardiello, sostuvo que “(…) la solución para la reinserción social [de los violadores] no pasaría por el tipo de castración, dado que el verdadero conflicto se ubica en la libido”.
Precisó que podría haber una “esperanza” en un “enlentecimiento de la libido” mediante un “tratamiento médico y psíquico”. El fiscal Nardiello detalló que al violador “le falta represión de la conducta” y añadió que “ve al otro como un objeto que puede dominar y manipular, respondiendo a una patología relacionada con una estructura perversa”.
El fiscal sostuvo, además, que “el aumento de penas” no redundó en una “disminución del delito” y explicó que existen dos perfiles de violadores: aquellos que atentan contra la integridad sexuales de integrantes de su propia familia y los violadores que “salen a la caza” de otras personas. Manifestó que, en líneas generales, los violadores no muestran arrepentimiento de su conducta.
En tanto, Cristina Caamaño, fiscal nacional e integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) se inclinó por la ineficiencia de la castración química y dijo que “no va a bajar el nivel de violaciones porque el violador tiene posición de poder sobre la víctima y si no la tiene con su pene la tendrá con otra cosa”.
Caamaño sugirió la actuación de un equipo interdisciplinario que “trabaje antes de la castración, para evitarla”. “El violador necesita que se le brinde un tratamiento diferente” al otorgado a los detenidos por delitos comunes, enfatizó la fiscal.
Por su parte, el consejero de la magistratura e integrante de la Cámara del Crimen Luis Bunge Campos manifestó que “ya se demostró en Estados Unidos –donde se probó la castración química- que el método no sirve para nada”.
El camarista señaló que la castración química “no parece ser una forma de re-socializar” al detenido, sino que se asemeja más a un modelo de “neutralización” y eso dista de lo prescribe el artículo 18 de la Constitución Nacional.
“Esta disposición es un injerto dentro del sistema”, señaló el magistrado y añadió que “podría estar en contra de los Pactos Internacionales” que tienen jerarquía constitucional desde la reforma constitucional de 1994. Subrayó que lo “escandaliza” la falta de reacción de los organismos de la comunidad académica ante la aparición de este tipo de proyectos.
Desde el gobierno mendocino anunciaron que el programa, inédito, comenzaría a funcionar entre mayo y junio, una vez constituido y capacitado el equipo interdisciplinario que abordará el tratamiento psicológico, social y farmacológico de los violadores.
Días antes de la firma del decreto por parte de Jaque, desde Mendoza anunciaron que ya había once condenados por delitos sexuales que manifestaron su voluntad de someterse al tratamiento con fármacos para disminuir el deseo sexual. Hoy ya superan los veinte voluntarios y se siguen entrevistando postulantes. En esa provincia, desde que comenzó 2010 se denunció, en promedio, un abuso sexual cada día.