Para los camaristas, es “patente el progresivo crecimiento del consumo y venta de estupefacientes durante los últimos años”, lo que “no sólo conspira contra la protección del bien jurídico de la salud pública” sino que “exige la formulación por parte de todos los poderes del Estado y de la sociedad a través de diversas asociaciones de respuestas concretas”.
Recordaron así el fallo “Arriola”, donde el Máximo Tribunal “exhortó a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores, a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país”.
Además, los jueces remarcaron que el trabajo de la policía provincial, la gendarmería y la Justicia federal “resulta positivo” ya que hay “las estadísticas presentadas en forma semestral por los Juzgados Federales N° 1 y 2 de Salta y de Jujuy y por el Juzgado Federal de Orán, las que muestran la existencia de una importante cantidad de causas vinculadas con el narcotráfico y que autorizan a desmitificar la creencia popular de que ‘nada se hace’”.
Con ello, los magistrados recomendaron algunas medidas necesarias para avanzar en la lucha contra el narcotráfico solicitando mayor presupuesto para las fuerzas de seguridad para una “correcta investigación y erradicación de este fenómeno”. Presupuesto que sería utilizado en el “incremento de elementos tecnológicos apropiados y aumento de efectivos policiales encargados de llevar a cabo la prevención e investigación, quienes deben estar entrenados tanto para detectar y capturar a los grandes proveedores de estupefacientes”.
Asimismo “se deberán proveer [a los consumidores] las medidas necesarias a fin de incentivarlos por medio de profesionales especializados a la realización de tratamientos de rehabilitación, lo cual requiere un amplio desarrollo de centros especializados”.
Sumado a esto último, agregan que “deberá ponerse en conocimiento de los jueces que si las víctimas (padres de hijos consumidores y/o vecinos), adoptan una participación como denunciantes o testigos aportando los nombres y domicilios de vendedores, deberán contar con la más plena protección personal por parte de las fuerzas de prevención”. Para ello recomiendan la utilización de testigos de identidad reservada o la custodia personal.
No obstante, los camaristas reconocieron “avances significativos” en la implementación de radares para el control de aéreo de la frontera norte para combatir los vuelos clandestinos. El informe, fue elaborado a pedido del Consejo Promotor Vecinal Nº 1 de Salta, quién solicitó de parte de la cámara una respuesta a la presentación.