DiarioJudicial.com realizó una reseña de los proyectos presentados en lo que va del año con respecto a esta temática y analiza los puntos salientes de las propuestas que van desde el establecimiento de reglas para abortos en casos excepcionales hasta el repudio por la habilitación de líneas para abortos seguros. Incluso existe una iniciativa que promueve una consulta popular sobre la despenalización.
Una propuesta es la de Martín Sabatella. En ella se plantea la modificación del Código penal en busca de lograr que toda mujer pueda decidir la interrupción voluntaria del embarazo teniendo en cuenta ciertas circunstancias: antes de las catorce semanas de gestación; si el embarazo es producto de la comisión de un delito contra la integridad sexual, si existe peligro para la vida o la salud de la mujer; (entendiéndose a la salud conforme la define la OMS) y si se ha diagnosticado médicamente la inviabilidad de vida extrauterina.
El presentado por la consejera-diputada Diana Conti apunta a modificar el artículo 86 del Código Penal de manera tal de despenalizar el aborto. La iniciativa considera que el aborto “practicado por un médico diplomado, con consentimiento de la mujer embarazada, no es punible”. Todo ello si ha sido practicado “con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer”, o si “el embarazo proviene de la comisión de un delito contra la integridad sexual” o “si se ha diagnosticado médicamente la inviabilidad de vida extrauterina del feto”.
Un tercer proyecto y que obtuvo gran difusión en los medios nacionales, es el presentado por Juliana Di Tullio, que cuenta con el apoyo de una gran cantidad de diputados de diversos sectores políticos y cerca de 250 organizaciones sociales. Es una iniciativa que data del año 2007, pero que fue reingresada este año. Allí se plantea el derecho de la mujer “a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional”.
En contrapartida de estos proyectos, durante el año pasado, varios legisladores expresaron el rechazo mediante proyectos de resolución, contra iniciativas de diversas organizaciones que habilitaron líneas telefónicas de ayuda como ser el “800-aborto” o “aborto seguro”. Así lo expresó, por ejemplo, el diputado Hugo Acuña, quien en su proyecto para la “protección integral de los derechos de los niños y niñas por nacer” en donde entiende que niños por nacer se considera a “todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta el de su nacimiento”, que además intenta ser complementaria con la ya sancionada ley de 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
No obstante, también puede encontrarse un proyecto presentado hace un año por el entonces diputado Lorenzo Borocoto, que promovía una consulta popular, no vinculante, sobre la despenalización del aborto, “a fin de que la población se pronuncie acerca de la derogación o no del inciso 2 del articulo 85, y los artículos 86 y 88 del Código Penal de la Nación”.
Por otra parte, este 25 de marzo se conmemora el Día del Niño por Nacer. Dicha fecha fue establecida por el decreto 1406/98, y de alguna manera, expresa el contenido de una de las posturas con respecto al tema. Se establecido tal fecha pues, como consigna aquel decreto, es la fecha en la que “la Cristiandad celebra al Anunciación a la Virgen María, en virtud de que el nacimiento más celebrado en el mundo por cristianos y no cristianos es el del Niño Jesús”.
Sectores en contra de la libre autodeterminación de la mujer, realizarán actos bajo la consigna “creemos en la dignidad de la Persona Humana desde el momento de la Fecundación hasta su fin Natural y en la Familia fundada en el Matrimonio entre un Hombre y una Mujer”.
Posibilidades de tratamiento en el recinto
Según fuentes consultadas por DiarioJudicial.com las posibilidades son escasas ya que pocos de los diputados que subscriben las iniciativas pertenecen a las comisiones que deben tratar el tema: Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; Legislación Penal y Acción Social y Salud Publica. Asimismo la elaboración de un dictamen favorable implica sortear las presiones de la Iglesia, y los grupos en contra, así como el hecho de que ningún diputado del Pro suscribió alguna de las iniciativas.
Consensos, de eso se trata la democracia, y a ellos deberán apelar los legisladores para que el debate llegue al recinto. Unas 500.000 mujeres por año se realizan abortos en Argentina. Por su parte, la OMS estima que cada ocho minutos muere una mujer en los países desarrollados debido a las prácticas abortivas ilegales. Lo que expresa claramente la necesidad de un debate serio.