La iniciativa de Cabanchik surgió luego de que la semana pasada se conociera la negativa del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, de poner esa información a disposición de las ONG’s Poder Ciudadano y Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
Fernández dijo que no se podía entregar esa información porque contenía “datos personales” y que por lo tanto quedaba excluida del decreto 1172 que garantizó a los ciudadanos el acceso a la información pública.
El senador Cabanchik sostuvo que con los decretos 984/09 y 1247/09 (de julio y septiembre del año pasado) el Poder Ejecutivo “avanzó en su pretensión hegemónica y de concentración del poder”. El legislador por la Ciudad de Buenos Aires añadió que ambos decretos estaban “referidos a la centralización de las actividades de publicidad y de comunicación de los organismos del Sector Público Nacional”.
Cabanchik expresó que a medios del año pasado “se hacía evidente (…) que no existía voluntad por parte del Poder Ejecutivo de avanzar en medidas que pusieran algún tipo de control sobre los millonarios recursos destinados a la publicidad oficial” y mencionó “la cerrada negativa del oficialismo parlamentario en introducir un capítulo sobre publicidad oficial en el proyecto de la ley de medios”.
En tanto, este jueves, la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados que preside la radical Silvana Giudici recibió a los representantes de Poder Ciudadano y de la ADC a las 12.30.
Allí, Eleonora Rabinovich, directora del Programa Libertad de Expresión de la ADC, refutó el argumento del Gobierno y dijo que “las personas ideales y jurídicas no tienen honor ni intimidad, y tampoco se trata de datos personales, sino de contrataciones públicas en las que rige el principio de máxima divulgación de los actos de Gobierno”.
Por su parte, Pablo Secchi de Poder Ciudadano destacó que “la publicidad oficial pasó de 14 millones de pesos en el 2003 a más de 600 millones en 2009”. “Estimamos que para fines del año pasado ya habíamos superado los 1.000 millones de pesos sin contar el fútbol”, agregó.
El 10 de diciembre del año pasado, el secretario de Medios Enrique Albistur, uno de los funcionarios más cuestionados por la oposición, renunció a su cargo luego de seis años y medio de gestión. Albistur enfrenta tres causas judiciales, una por enriquecimiento ilícito. Si bien aún no se nombró a un reemplazante -en la página Web de la Secretaría el cargo aparece vacante- todo indica que lo ejercería ad hoc el subsecretario del área Alfredo Scoccimarro.