Los denunciantes señalaron que Mitchell, Martínez Sobrino y Allevato concedieron primero la tenencia y luego la adopción definitiva del entonces menor Simón Riquelo, quien fue “secuestrado, apropiado y privado de su identidad el 14 de julio de 1976” y “a las pocas horas” entregado al subcomisario Osvaldo Parodi (ya fallecido) quien “a través de un expediente ideológicamente falso se apropió del niño, inscribiéndolo como su hijo adoptivo”.
El escrito, de 14 carillas, presentado ante Righi sostuvo que el expediente “Riquelo” es “la demostración de la complicidad judicial –que aún existe- con el sistema perverso establecido para consolidar la apropiación de niños, mediante el robo de su historia su origen e identidad y la entrega a los ‘apropiadores’ a través de un marco de ‘supuesta legalidad judicial’”.
Los denunciantes resaltaron la “gravedad institucional” y subrayaron que “existen magistrados que en la actualidad juzgan su propia participación en el robo de niños, entre ellos Martínez Sobrino, a cargo del juicio que debe examinar, nada más ni nada menos, que la existencia de un plan o una práctica sistemática de robo de bebes; y un miembro del más alto tribunal penal de la Nación que bien podría intervenir en las vías recursivas”, en referencia a Mitchell.
En uno de los párrafos más duros de la denuncia, a la que tuvo acceso DiarioJudicial.com, abuelas, hijos y familiares aseguraron que “el problema es aún más grave, y hasta escandaliza, porque recuperada nuestra democracia y el necesario respeto por los derechos humanos, nos percatamos de esta insólita situación donde los mismos magistrados que fueron participes de aquellos hechos, en vez de haber sido juzgados y condenados por haber generado tanto dolor, fueron ascendidos a las más altas magistraturas del Poder Judicial, y al mismo tiempo se transforman en jueces de sus propias acciones y de la actividad de sus cómplices, lo que se desarrolla en un ambiente de silencio por parte de la denominada ‘corporación judicial’ que parece no tener límites”
En ese sentido, pidieron intervenir el juzgado de instrucción que, durante el proceso, estuvo a cargo de Mitchell y los otros juzgados de menores correspondientes para secuestrar todos los expedientes penales y tutelares vinculados al hallazgo de niños de 1976 a 1983 y solicitaron que la Corte Suprema reasuma la superintendencia del Tribunal Oral Federal Nº6 de la Capital Federal “de modo de preservar la prueba y asegurar que no continúe bajo la custodia y responsabilidad del Dr. Martínez Sobrino y o del personal a su cargo”.