Durante la inauguración, Conde habló de una colisión “cuado un ciudadano en ejercicio de sus derechos constitucionales afecta los derechos de igual jerarquía que tienen otras personas”. En este sentido, citó el caso de los trabajadores que en ejercicio del derecho de huelga afectan el derecho de los niños a estudiar y aprender o privan a los ciudadanos a ser asistidos.
Por su parte, Álvaro Ruiz, subsecretario de Relaciones Laborales, expresó la necesidad de pensar el tema desde “distintas órbitas”, ya que son conflictos “que provienen de diferentes causales”. Siguiendo esa línea, Héctor Palomino, director de la carrera de Relaciones del Trabajo, sostuvo que “el conflicto no es malo, sino que pone a la luz la diferencia de intereses”.
“La tolerancia hacia el derecho del otro y el respeto hacia las leyes que nuestros representantes acuerdan en el ámbito legislativo que conforma las normas de convivencia” fueron los dos ejes que remarcó Conde en el análisis de la problemática. Una complejidad que también fue destacada por Alicia Ruiz, quien dijo: “Lo que hoy las sociedades contienen es una conflictividad que se construye y reconstruye en redes” “Los derechos individuales y la dogmática constitucional enfrentan límites que no estaban reconocidos siglos atrás” sostuvo durante su intervención. Y agregó: “No se puede repensar el derecho si no nos preguntamos de cómo pensamos la sociedad en la cual esos derechos funcionan”. Según Palomino, durante el año pasado hubo 874 conflictos laborales y 360 negociaciones colectivas, y los protagonistas de los conflictos provienen mayormente de la Administración Pública, el sector de salud y el de educación, donde “la confrontación entre capital y trabajo desaparece”.
“La experiencia pone en evidencia una extrema dificultad para asegurar el ejercicio conjunto de derechos que en algún punto confrontan (…) ese el desafío que hoy tenemos (…) construir una solución que nos sea útil como sociedad” sentenció Conde.
De la jornada, que se realizó en el salón de audiencias del STJ, también participaron el ministro de Trabajo Carlos Tomada, el Secretario de Justicia, Héctor Masquelet y el vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, Luis Lozano. También asistieron Marcelo Vázquez, Camarista Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, Germán Garavano, Fiscal General de la Fiscalía General del Ministerio Fiscal de la Ciudad y Estela Ferreirós, Jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.