La medida fue dispuesta mediante el acuerdo 4511, firmado por el presidente del cuerpo, Antonio Labate y los ministros Ricardo Kohon, Lelia Martinéz de Corvalán y Oscar Massei; se basa en un informe realizado por el Administrador General del STJ, Roberto Frassetto.
En su informe, el administrador expresó la existencia de automotores secuestrados en causas penales y que se hallan en buen estado de conservación, para ser usados por el Poder Judicial u otros organismos públicos.
Tal como consigna el texto del acuerdo, “el art. 3 inc. b de la Ley 1971 considera que son recursos específicos del Poder Judicial el producido de la venta de efectos provenientes de causas penales”.
Teniendo en cuenta que “sobre nueve de los automotores informados ya se cuenta con la orden de subasta pública expedida por los jueces intervinientes, habiendo quedado el restante a disposición de este Tribunal”, los magistrados expresaron que “resulta conveniente (…) continuar con las gestiones necesarias para hacer efectivas las subastas, facultando a la Administración General a formalizar los trámites ante la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor para dicho cometido.
Además de facultar al administrador para la realización de las subastas pertinentes, el máximo tribunal provincial le encomendó realizar las “gestiones necesarias” ante Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor para que el Tribunal sea el “titular registral de los automotores” y puedan afectarse los vehículos al uso de organismos públicos de la provincia.