La decisión del magistrado Varela, que no es recurrible, se conoció un día después de que Garzón solicitase su traslado al Tribunal Penal Internacional (TPI) para trabajar por siete meses como asistente del fiscal jefe de ese tribunal, el argentino Luis Moreno Ocampo.
Varela consideró que procedía ordenar la apertura del juicio oral contra Garzón por el delito de de prevaricación y lo encuadró en la figura del inciso 3º del artículo 446 Código Penal español que prevé que “el juez o magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta será castigado” con “la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años.
Este miércoles, antes de conocer el pedido de juicio oral a Garzón hecho por Varela, los miembros del Consejo General del Poder Judicial estudiaron el requerimiento de Garzón de trasladarse a La Haya y acordaron solicitar al TPI información sobre la tarea que encarará el magistrado al tiempo que pidieron al Ministerio de Asuntos Exteriores que valore la conveniencia para España del traslado.
El proceso contra Garzón comenzó por una denuncia que le inició el sindicato de ultraderecha Manos Limpias exactamente un año atrás, en mayo de 2009. El magistrado de la Audiencia Nacional española fue acusado de cometer prevaricato al ordenar la exhumación de 19 fosas de asesinados durante la Guerra Civil española (1936-1939) y durante la dictadura del general Francisco Franco, entre 1939 y 1975.
A la querella original de Manos Limpias se incorporó otra de la organización Libertad e Identidad. En este último año, Garzón también acumuló otra denuncia de la Falange Española.
Estas organizaciones de ultraderecha sostuvieron que Garzón se declaró competente en 2008 para investigar la desaparición de miles de personas durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura, pese a que sabía que por ley no le correspondía hacerlo, en virtud de la Ley de Amnistía de 1977.
“Que el único juez que se ha atrevido a investigar estos crímenes se tenga que marchar de España es un estrechamiento de la democracia”, señaló Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, al diario español El País.