La Ciudad Judicial -tal como se dio en denominar el complejo que iba a albergar a tribunales de los fueros civiles, comerciales y laborales- iba a emplazarse inicialmente en la zona de Puerto Madero; luego se especuló con el área donde se concentran los tribunales Federales de Comodoro Py y de Avenida de los Inmigrantes y finalmente en un descampado de Parque Patricios, cercano al hospital Garraham. El costo estimado para la construcción de la obra era de 540 millones de dólares, pero los nuevos funcionarios del Ministerio de Justicia estiman que esa suma es extremadamente cara para el Estado Nacional.
El 6 de diciembre último, cuatro días antes del traspaso del poder al nuevo gobierno, se concretó la preadjudicación de las obras al grupo que conformaba una UTE (Unión Transitoria de Empresas) integrada por Techint, Dycasa, Rogio e Impregilo, ya que había sido la única que se presentó al concurso el 14 de octubre. A través del sistema de Leasing el grupo debía percibir por la obra un canon de 540 millones de dólares pagaderos a 15 años, tras los cuales el Estado sería el propietario del complejo.
Ese sistema esta ahora bajo la lupa de los funcionarios oficiales que analizan otras alternativas, teniendo en cuenta que la UTE no deberá percibir indemnización alguna por la anulación del proyecto.