Además, se tratarán temas como la afiliación de empleados y funcionarios del Poder judicial a partidos políticos y la desestimación de varias denuncias a magistrados.
En cuanto a la afiliación a partidos políticos, se giró desde la comisión de Reglamentación un dictamen de mayoría, elaborado por Pablo Mosca, por medio del cual se propone modificar el artículo 10 del Reglamento para la Justicia Nacional que quedaría redactado: “La prohibición del inciso e) del artículo 8 no regirá respecto de “los funcionarios y empleados.- Esta excepción no los autoriza a realizar, con “motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, cualquiera sea el ámbito “donde se cumplan, propaganda, proselitismo, coacción ideológica por motivos de “cualquier naturaleza.- Las incompatibilidades de los incisos j), k), y m), no “afectarán al personal de servicio y de maestranza”.
Eso se fundamenta en que la Ley Orgánica de Partidos Políticos “estableció en su artículo 24 la prohibición de afiliación para los magistrados del Poder Judicial nacional, provincial y tribunales de faltas municipales” aunque omitió “toda consideración acerca de los funcionarios del Poder Judicial, lo que nos permite concluir, que la intención del legislador argentino, no ha sido la de prohibirles el derecho a la afiliación a través de los partidos de su elección”.
Asimismo, se analizará un dictamen desestimatorio de la denuncia que iniciara en 2007 el entonces ministro del Interior (hoy jefe de Gabinete) Aníbal Fernández, contra el juez federal de Río Gallegos, Gerardo Caamaño. Se trata del expediente 135/07, caratulado “Fernández Aníbal (Min. del Int.), pone en conocimiento actuación del Dr. Caamaño (Juez Fed.)”.
Fernández denunció a Caamaño por su actuación en una protesta frente a la casa del entonces presidente Néstor Kirchner durante un conflicto docente en el año 2007. Concretamente, señaló que el magistrado había tomado decisiones bajo los efectos del alcohol.
Otra cuestión que será analizada es la propuesta de derogación del artículo 18 del reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación, que estipula el plazo de la investigación preeliminar y la posible prórroga. “La investigación preliminar prevista en este título deberá ser clausurada en un plazo de seis (6) meses, en el que podrá ser prorrogado por igual plazo, por resolución fundada, cuando las circunstancias así lo exigieren”, dice el artículo 18 vigente.
La semana pasada la actividad del Consejo de la Magistratura estuvo paralizada porque los integrantes del organismo concurrieron a la audiencia pública anual de información. Este año, y con motivo del Bicentenario, se realizó en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, a donde concurrieron los consejeros Luis María Cabral, Mariano Candioti, Miguel Ángel Gálvez, Luis Bunge Campos y Santiago Montaña.