En diálogo con DiarioJudicial.com el abogado patrocinante Juan Andrés Drabble afirmó que se trató de una presentación “para cortar con el corte” y añadió que la reacción de la sociedad de Gualeguaychú en general “fue favorable”.
Drabble explicó a este diario que la presentación se hizo en base a lo que prescribe el artículo 194 del Código Penal, que impone penas de “tres meses a dos años” a aquel “que sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.
Sin embargo, el letrado aclaró que “no se denunció a nadie en particular”. La demanda, que ingresó a los tribunales de Concepción del Uruguay el jueves último, recayó en el juzgado federal del magistrado subrogante Gustavo Pimentel, quien ya tomó conocimiento de la causa.
Durante el fin de semana, en declaraciones a radio América, Drabble había asegurado que “mucha gente que en Gualeguaychú está trabajando por el levantamiento del corte; no en contra de la asamblea ni de la lucha ambiental sino en contra del corte como metodología de protesta”.
La denuncia fue suscripta por la agrupación “Ciudadanos Movilizados por el Levantamiento del Corte”, que además organizó manifestaciones, el 30 de mayo próximo, en la Plaza de Mayo, en Fray Bentos y en Montevideo.
El domingo 16 de mayo, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú aprobó, en una reunión “ampliada”, la continuidad del bloqueo. Fue la primera reunión “ampliada” de vecinos de la localidad entrerriana tras el fallo del tribunal de La Haya, que el 20 de abril último consideró el país vecino había violado el tratado del Río Uruguay al no consultar con Argentina el emplazamiento de la pastera Botnia en las costas de Fray Bentos.