Mediante la resolución plenaria 388/2010, que lleva la firma de la presidenta del cuerpo María Moya, los consejeros encomendaron a la comisión de Selección a que realice “la convocatoria a concurso público de oposición y antecedentes para la cobertura de la totalidad de los cargos vacantes creados por la Ley Nº 3383, modificatoria de las Leyes Nros. 7 y 31”.
Asimismo, la comisión presidida por Horacio Corti deberá elaborar un cronograma de desarrollo “con el detalle de las etapas y plazos previstos para los concursos públicos de oposición y antecedentes mencionados en el artículo precedente, el que deberá ser elevado para la aprobación de este Plenario de Consejeros”.
Esta resolución llega tras el reclamo del Ministerio Público sobre la necesidad de proceder sin demora al llamado a concurso público para la cobertura de los nuevos cargos. Y la consideración por parte de los consejeros de los informes de la Oficina de Información Judicial y de la Comisión de Fortalecimiento Institucional Planificación Estratégica y Política Judicial que “evalúo asimismo de manera favorable la necesidad de proceder al llamado a concurso público”.
La reforma de la Ley 7, realizada en noviembre pasado, amplia los juzgados del fuero Contencioso Administrativo porteño, de 15 a 24. Además, genera el incremento en la cantidad de fiscales contravencionales, que pasará de 24 a 40, y de defensores del mismo fuero, que subirá de 16 a 24. Los nuevos juzgados contarán con dos secretarías y, también, se elevará de 2 a 4 el número de fiscalías y defensorías de primera instancia. Y se creará una nueva fiscalía de cámara. Las modificaciones prevén, conjuntamente, que tres juzgados contravencionales entiendan en casos de menores de forma rotativa.
No se trata de un concurso cualquiera, ya que la mayoría de estos nuevos cargos apuntan al fuero Contencioso Administrativo y Tributario, un fuero que tiene muchísimos jueces que se encuentran en las antípodas del Ejecutivo de la ciudad.