La última negociación salarial -realizada en marzo de este año- había permitido el escalonamiento de 8 mil empleados judiciales provinciales que ocupaban los niveles más bajos del escalafón. La medida les permitió conseguir una mejora en sus ingresos y, además, acercarlos un poco más a los escalones más altos de la carrera. Esto es: la recategorización de los niveles 5 a 13 (con la eliminación de las categorías impares) y, simultáneamente, el Poder Ejecutivo mejoró los gastos funcionales de nivel 20 a 23 (desde juez de primera instancia hasta juez de Corte).
El gremio que los agrupa decidió ahora ocuparse de reclamar por el 43 por ciento restante del plantel, quienes están entre los niveles 14 (oficial segundo no recategorizado en marzo pasado) y 18 (jefe de despacho), al buscar la concreción de esta segunda etapa de ascensos. Anticiparon además que en caso de que no haya respuestas positivas oficiales, volverán las protestas en los tribunales.
En cuanto a la propuesta del sindicato, el secretario general Hugo Blasco detalló que acercaron un borrador con “la eliminación de algún nivel y la promoción de los restantes" y advirtió: "El trabajo será arduo, porque hay que compatibilizar el escalafón con la jerarquización de las tareas de los compañeros”.
El gremio sostiene que el bloque de 6 mil empleados referidos fue "el único sector que durante el último año y medio quedó afuera de cualquier reestructuración o mejora sectorial".
Es que los sucesivos retoques en el escalafón siempre eludieron esa franja. A fines de 2008 fueron recategorizados los Auxiliares Letrados (pasaron de nivel 18 a 18,5), mientras que el nivel 19 (secretarios y funcionarios) tuvieron una suba en su salario básico.
La primera etapa de la recategorización parece concluida, pero las discusiones continúan en cuanto a que la diferencia salarial se está liquidando como una suma no remunerativa que, por consiguiente, no sufre variantes con las mejoras en los sueldos que se apliquen.
Blasco explicó que "la suma complementaria para las categorías pares debe ser remunerativa, bonificable y sujeta a aumentos”. “Tuvimos un compromiso del Poder Ejecutivo, hace unos 15 días, de que se subsanará esa deficiencia", agregó el titular sindical.