El juez federal Claudio Bonadio dispuso este jueves el sobreseimiento del ex presidente Fernando De la Rúa en el marco de la causa en la que había sido imputado por la represión que tuvo lugar el 19 y 20 de diciembre de 2001, en la Plaza de Mayo, la Plaza del Congreso, la Plaza de la República y las calles y avenidas aledañas. En la causa se había denunciado la ilegalidad del decreto que estableció el estado de sitio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, “desatando una represión abusiva por parte de la Policía Federal Argentina, causando muertes y lesiones de personas en las manifestaciones producidas ese día”.
Fallo de la Cámara Nacional Electoral
La Cámara Nacional Electoral confirmó (ver fallo completo) que el Partido Justicialista no puede registrar, para su uso exclusivo, el símbolo de la victoria, la versión de la marcha peronista grabada por Hugo del Carril, ni algunas de las expresiones que pretendía para sí, como “soberanía política, independencia económica y justicia social” y “62 organizaciones peronistas”. El fallo fue suscripto este jueves por los camaristas Alberto Dalla Via, Rodolfo Munné y Santiago Corchera. En relación con la marcha “Los muchachos peronistas”, si bien se reconoció exclusividad con respecto a su letra y música, se negó el registro de la versión grabada por Hugo del Carril, en razón del derecho que corresponde a sus hijos, uno de los cuales había rechazado el uso por el partido.
Las Abuelas piden a la CIDH que este “atento” por el caso de los hijos de Noble
Las Abuelas de Plaza de Mayo presentaron una comunicación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de la causa “Noble Herrera” en la que sostienen que “en caso de que las pericias de ADN ordenadas para el próximo lunes en la causa (…) fueran nuevamente suspendidas, el Estado Argentino incurriría en responsabilidad internacional por violación a las garantías de acceso a la justicia y de “plazo razonable” para la determinación de los derechos”. También le informaron al tribunal que actualmente suceden “hechos y circunstancias que amenazan el proceso de restitución de niños”, por lo que solicitamos que “realicen un seguimiento estricto a fin de evitar la concreción de violaciones irreparables al derecho a la verdad y la identidad de cientos de jóvenes y familias, y de la sociedad argentina en su conjunto”. “También advertimos a la Comisión que la virulencia y agresividad de los planteos de la defensa de Herrera de Noble nos han llevado a exigir a las autoridades el reforzamiento de la custodia policial del BNDG, pues ciertamente tememos la realización de un atentado o siniestro contra el mismo” consignaron. Pidiendo a la CIDH que solicite al Estado que informe sobre las medidas dispuestas en relación a estos derechos en crisis, así como toda otra información que considere pertinente.
Torres procesó a ex funcionarios y empresarios
Sergio Torres, titular del juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 12, ordenó el procesamiento y embargos de empresarios y ex funcionarios del Ministerio de Economía, acusados de administración fraudulenta. Ello en el marco de una causa en la que se investiga el supuesto pago irregular de 54 millones de pesos a un pool de aseguradoras extranjeras, denominado Accolade Pool. Son 13 personas procesadas, entre quienes se encuentra Juan Intelisano, quien fue suspendido como subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía, y que ya estaba procesado por el caso Greco, en donde se investiga el pago de 164 millones de pesos a un grupo empresario. “En el caso que nos ocupa, claramente no se produce una discusión amplia sobre los antecedentes, alcances y validez de los negocios que habrían dado origen a las obligaciones y las cuantías de las mismas según los registros de la administración” sostuvo Torres. Además de Intelisano procesó a Duilio López y Silvia Macchi (ex funcionarios del Instituto Nacional de Reaseguros - INDER); Yolanda Eggink (ex directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía); Walter Bonavera, Jorge Rodríguez, Darío Morresi y Carina Azcano (representantes de Accolade Pool); Juan Holjevac (cara visible de Accolade Pool); Juan del Azar y Hernán Rodríguez Vagaría (ex asesores del Ministerio de Economía); Jorge Pallavicino (empresario); y Natalia Osores (empleada municipal de Centenario, Neuquén).
Revocan medida cautelar que frenaba la aplicación de normativa del INCUCAI
La Cámara Federal de Córdoba anuló un fallo de primera instancia que impedía la aplicación de una resolución del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, que dispone que esas células se inscriban en un registro nacional para poder ser utilizadas por cualquier paciente. El INCUCAI había reglamentado que las células progenitoras hematopoyéticas (CPH) que se crio-preserven para uso autólogo, podrán ser utilizadas por el mismo o cualquier otro ente público que lo solicite, para su uso alogénico, es decir por terceras personas, de cualquier lugar del mundo que las necesite. Entre los fundamentos del fallo se sostiene “el derecho a la salud en sentido amplio, y el interés público comprometido en el ejercicio del poder de policía del Estado”.
Revocan sobreseimiento de Néstor Ulloa en causa por irregularidades en admnistración de fideicomiso
La Sala II de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal revocó el sobreseimiento de Néstor Ulloa, ex gerente de Nación Fideicomisos, en una causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la administración de un fideicomiso para la ampliación de un gasoducto. La Cámara Federal dijo que la prueba obtenida hasta ahora no es suficiente para desvincularlo definitivamente del proceso. Según el tribunal, “los elementos hasta el momento acumulados en el legajo no son suficientes como para desvincular definitivamente de la causa al imputado”. La causa se había iniciado a partir de la denuncia efectuada el 6 de diciembre de 2007, por la entonces presidenta de Nación Fidecomisos SA, Malvina María Seguí, por la existencia de una serie de irregularidades en torno a la administración del Fideicomiso de Administración Gasoductos TGS-TGN - Obras 2006-2008. En primera instancia, Ulloa había sido sobreseído porque "el hecho investigado no encuadra en una figura legal".