El diputado Oscar Albrieu propuso una reforma integral del Código Procesal Penal de la Nación. La iniciativa se basa en un proyecto elaborado por el INECIP años atrás y el anteproyecto realizado en 2007 por una comisión asesora impulsada por el entonces ministro de Justicia, Alberto Iribarne, que jamás se presentó.
La semana pasada ingresó en el Congreso de la Nación un proyecto que pretende la reforma integral del Código Procesal Penal de la Nación. La iniciativa, que cuenta con el apoyo de legisladores de diversos bloques, se basa en un proyecto elaborado por el INECIP años atrás y en un anteproyecto confeccionado en 2007 por una comisión asesora que impulsó el entonces Ministro de Justicia, Alberto Iribarne.
DiarioJudicial.com dialogó con Albrieu, quien explicó que “el proyecto implementa un sistema adversarial puro, dejando de lado todo resabio inquisitivo de la ley penal”. Asimismo, agregó que “se deja el ejercicio de la acción en manos del fiscal”; “lo que surge de una correcta interpretación de la Constitución Nacional”, dejando así “librado al juez la tarea de juzgar”.
Entre otros detalles de la iniciativa, “se implementa el principio de oportunidad, esto es, que el fiscal no tenga la obligación de llevar adelante todas las causas, sino que en base a pautas que la ley procesal fija puede llevar adelante solamente aquellas en las que la persecución penal se justifica”. “Eso tiende a hacer mas eficiente el servicio de justicia”, dice.
La iniciativa enumera los criterios de los pueden valerse los fiscales al respecto: cuando se trate de un hecho que por su insignificancia no afecte gravemente el interés público; cuando la intervención del imputado se estime de menor relevancia (pudiendo corresponder pena de multa, inhabilitación o condena condicional); en los delitos culposos cuando el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave que torne innecesaria y desproporcionada la aplicación de una pena, o cuando la pena o la medida de seguridad que pueda imponerse por el hecho carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta.
En otro orden de cosas, el proyecto establece la implementación del juicio por jurados, lo que es para el diputado es “hacer realidad una manda constitucional”. Asimismo aclara que el objetivo claro de establecer este nuevo régimen es “poner en el centro el juicio oral, público y contradictorio”. “Primero se discute la responsabilidad del acusado y luego en caso de declararlo responsable se discute la pena a aplicar, actualmente la discusión sobre la pena requiere muy poca atención tanto de la acusación y de la defensa, al discutir solamente la pena, las partes y los juzgadores le brindarán la atención que requiere”, advirtió.
“La concentración de facultades en un juez de instrucción, un juez puesto a investigar y al mismo tiempo a juzgar, son tareas de por si incompatibles”, dijo sobre al situación actual.
También remarcó la importancia de la oralidad, ya que “aún (el proceso) tiene una gran resabio de escrituralismo, y se guarda un gran respecto por la prueba escrita”. “La Corte lo ha dicho, el sistema que mejor se ajusta a los principios constitucionales es el sistema acusatorio”, culminó.
En nuestro país, la utilización del sistema acusatorio nunca tuvo un impulso federal, aunque son las propias provincias las que, parcialmente, se animan a modificar sus Códigos Procesales Penales. Sólo Capital Federal y Chubut utilizan el sistema acusatorio de forma plena.
Ahora el proyecto deberá ser tratado por la comisión de Legislación Penal. Las expectativas de que comience a ser analizado, se presentan favorables ya que uno de los firmantes es el propio presidente de la comisión, Juan Carlos Vega (CC), así como, Margarita Stolbizer (GEN), Raul Barrandeguy (FpV) y Alejandro Rossi (FpV). “No es un proyecto cerrado y va a estar abierto a la discusión pública y a los aportes que haya”, finalizó Albrieu.