Expusieron en el salón Eva Perón del Senado la asesora de la fundación Konrad Adenauer Dolores Lavalle Cobo, el director de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UBA Glenn Postolski y el subsecretario para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, Andrés Larroque.
Lavalle Cobo, la primera en exponer ante las senadoras Norma Morandini, Sonia Escudero y María Eugenia Estenssoro, pidió pasar “de una cultura de secreto a una de transparencia”. La mujer relató las experiencias en la materia de México, Uruguay y Chile.
Recordó que en el país, a principios de 2004, Diputados había dado media sanción a una ley de Acceso a la Información Pública que luego perdió estado parlamentario porque el Senado no recogió el guante. Lavalle Cobo dijo que las propuestas actuales implicaron un “salto cualitativo” respecto de lo que se debatió en aquel momento. Coincidió con su postura Postolski.
La mayor traba para avanzar sobre un dictamen, según pudo confirmar DiarioJudicial.com de fuentes legislativas estaría en la autoridad de aplicación de la ley. El dictamen sobre el que se está trabajando propone la creación de un Centro Nacional de Acceso a la Información Pública (CeNAIP), integrado por un representante de cada uno de los tres poderes, otro de una universidad nacional y el quinto de una ONG.
La asesora de la fundación Konrad Adenauer sostuvo este martes que en el mundo existen tres modelos de autoridad de aplicación: el de la revisión judicial posterior, el del Defensor del Pueblo y el independiente, por el cual se inclinó y dijo que era “clave” que sus decisiones fueran vinculantes, es decir, obligatorias. También pidió ajustar el papel que tendrían las “redes de enlace”.
Al iniciar su exposición, Larroque, quien llegó al cargo hace poco menos de dos meses, recordó que fue Kirchner quien por primera vez dictó un decreto de Acceso a la Información Pública. Con la ayuda de un powerpoint, expuso que desde 2004 la Subsecretaría que encabeza recibió 3374 pedidos de información. De ese total, siempre según esas estadísticas, el 96,41 por ciento tuvieron respuesta favorable en tanto que el 3,26 por ciento fueron derivados a la Oficina Anticorrupción (OA) y sólo el 0,33 por ciento derivaron en causas judiciales.
Resaltó que del total de los pedidos recibidos, el 63,1 por ciento fueron de particulares, el 12,5 por ciento de ONG’s y sólo el 1,4 por ciento (46 pedidos) de medios periodísticos. Luego, ante la consulta de Morandini (la única senadora presente que integra la comisión), explicó que esa cifra podría deberse a que, cuando los periodistas consultan, lo hacen a título personal y no especifican el medio para el que colaboran.
Larroque, que también es dirigente de La Cámpora, dijo estar “feliz” de poder estar en una “casa” que el año pasado sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y, ante la consulta de Escudero, no respondió si la Subsecretaría que encabeza podría convertirse en la autoridad de aplicación de la ley que surja del debate.
Por su parte, Postolski señaló que el derecho a la información es un “derecho humano fundamental” y postuló la “necesidad de concientizar al sujeto ciudadano sobre este derecho”. Comentó que en la mayoría de pedidos de información que son rechazados “no aparece las causales de la denegatoria”.
Al igual que Larroque, ponderó la sanción de la ley de medios. En relación con la información pública, dijo que hay ministerios que están más formados para otorgarla tales como el de Salud, el de Educación o la jefatura de Gabinete y advirtió que hay otras carteras donde “sigue vigente la cultura del secreto”.
Al mismo tiempo, explicó que, como docente en la carrera de Relaciones Públicas, advirtió que también en el ámbito privado persiste la denegatoria a entregar información que debería ser pública y calculó que el 90 por ciento de los requerimientos a los privados tuvieron resultado negativo.