A fines de junio, el diario Página/12 informó que el ministro de Salud porteño cobraba poco más de 16 mil pesos como jefe de asesores médicos de esa mutual, lo que podría pensarse como una incompatibilidad en su función pública.
La semana pasada, en declaraciones a la prensa, Lemus sostuvo que se trataba de “una campaña de desprestigio y desinformación”, y aclaró: “En esta mutual no tengo horario fijo sino que me preguntan sobre determinados temas. No pueden decir que por cumplir funciones docentes no cumplo en el Ministerio”. Para el ministro, fue criticado por viajar a Europa diciendo que su salida del país tenía como objetivo “ir a pintar a Florencia”, cuando en realidad había viajado para recibir “un título académico”.
Sin embargo, fuentes consultadas por este medio confirmaron la llegada de un oficio que ratifica el carácter de “asesor” del ministro en la Asociación Mutual.
La Ley de Ética Pública (Nº 25.188) en su artículo 13, apartado sobre incompatibilidades y conflicto de intereses, consiga como “incompatible con el ejercicio de la función pública” actividades como “dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa”.
Esta situación motivó el pedido de renuncia por parte de sectores opositores en la Legislatura porteña, justo cuando se conocieron datos que muestran el incremento de la mortalidad infantil en la Ciudad y la gran disparidad entre los barrios humildes y ricos.
Los legisladores no son los únicos que desean que Lemus sea separado. Elena Liberatori y el mismo Gallardo impulsan procesos de destitución contra el ministro. Ambos pedidos de juicio político fueron girados a la Legislatura en abril de este año.
Para Liberatori, el motivo por el cual se debe destituir a Lemus radica en que el funcionario incurrió en “mal desempeño en relación a las obligaciones a su cargo que resultan incumplidas”. Ello en relación al hospital infanto juvenil Tobar García.
Por su parte, el pedido de Gallardo se centra en que se evalúe (la Legislatura) “el mal desempeño” del ministro en el marco del incumplimiento de una orden judicial para que ingresen las ambulancias a la villa 21-24. Además envió la causa al fuero penal para que se le inicie un proceso por desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.