Nacida en Lanús, la presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Ana María Conde, valora el hecho de haber realizado sus estudios íntegramente en instituciones públicas. En diálogo con DiarioJudicial.com la magistrada recalcó la importancia del traspaso de competencias de la Nación a la Ciudad ya que “desde la reforma de 1994 han pasado 16 años y todavía no se han transferido las competencias de la Justicia ordinaria”. Y agrega: “Los jueces invocan que tienen un derecho adquirido a ser jueces nacionales”, lo que “no se puede invocar (...) frente a una reforma constitucional”. Siguiendo con el papel de los jueces y la incorporación de nuevos juzgados producto de la reforma de la ley 7 dijo: “Acá los jueces no tienen que invocar poder, sino que tienen que tratar de resolver los expedientes rápido y con eficiencia”. También se refirió a la judicialización de los cortes en la Ciudad. Dijo que hay que tratar de conciliar los derechos en pugna. “Así como hay individuos que tienen derecho a peticionar ante las autoridades, los demás individuos tienen que circular”, sostuvo.
¿Cuál es el estado actual de la Justicia de la Capital Federal ?
Primero hay que aclarar que esta es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asiento de las autoridades federales. Con respecto al estado de la Justicia, nos sentimos medio decepcionados porque desde la reforma de 1994 han pasado 16 años y todavía no se han transferido las competencias de la Justicia ordinaria, llamada Justicia Nacional, pero que en realidad se ocupa de los problemas cotidianos de los vecinos. No existe razón alguna para que sigan formando parte de la Justicia Nacional. Los jueces invocan que tienen un derecho adquirido a ser jueces nacionales, y yo pienso que no se puede invocar un derecho adquirido frente a una reforma constitucional. Es más, la Constitución Nacional no habla de jueces nacionales, habla de jueces locales y federales. Los jueces nacionales son una creación legal. Bastaría reformar el decreto ley 1285 del año 58 para hacer desaparecer la categoría de jueces nacionales.
Siguiendo con el tema de la transferencia, el actual tratamiento en el Senado de un proyecto, ¿le da algún tipo de esperanza?
Me parece que es un paso positivo, pero no es suficiente. Ya se han transferido, mediante dos convenios, competencias penales. Pero eso se puede hacer porque nosotros tenemos una Justicia penal que está funcionando, tenemos un fuero para recibirlos. Pero con respecto a las otras competencias, necesitamos que pasen todos los fueros, es decir, los juzgados, porque no tenemos una justicia armada. Es lo que corresponde por mandato constitucional.
¿La Justicia penal de la Ciudad está preparada para recibir nuevas competencias?
La justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad se encuentra realmente preparada. Y se encuentra preparada porque todas las competencias que les han transferido, las están diligenciando con suma rapidez y eficiencia. Nosotros tenemos una Justicia penal preparada para eso. Antes, estos juicios se prescribían en los casilleros de la Justicia Correccional. En cambio, ahora se le da el trámite que corresponde. Además, la Justicia de la Ciudad tiene un sistema acusatorio, cosa que no pasa en la Justicia Nacional, lo que da suficiente rapidez porque los fiscales analizan la prueba con la que cuentan y si ven que se ha cometido prima facie la comisión de un delito, inmediatamente instan la acción penal.
En abril de este año durante unas jornadas realizadas en el TSJ sobre la intervención del Estado en el conflicto social, usted sostuvo que existe el “ejercicio conjunto de derechos que en algún punto confrontan”, ¿podría ampliar este razonamiento?.
Me estaba refiriendo respecto a derechos constitucionales que están en colisión. Como por ejemplo, el derecho de los habitantes de circular por las calles de Buenos Aires y el derecho de peticionar ante las autoridades, que lleva a muchos habitantes de la Ciudad o de otros lugares del país, a peticionar y cortar las calles. Yo me refería a que esos derechos había que tratar de conciliarlos, me parece que así como hay individuos que tienen derecho a peticionar ante las autoridades, los demás individuos tienen que circular. Tenemos que pensar que entre esos individuos que tienen que circular, no están solamente los que tienen coche y que están en buena situación económica y que pueden tomar otras vías alternativas. Están también los trabajadores que cuentan, a lo mejor, con pocas monedas para tomar el colectivo y que se suben a un colectivo y tienen que bajarse para tomar una vía alternativa y no pueden hacerlo. Es decir, el Estado tiene que conciliar esos derechos.
Mucho se habló con respecto a la presión hacia los jueces, tanto a nivel local, como nacional, ¿qué opina al respecto?
Cuando a un juez lo presionan no tiene que hacer caso a esas presiones y no tiene que asustarse. Porque si uno se asusta o no puede soportar esas presiones no puede ser juez. Yo no admito ningún tipo de presión. A través de los largos años que tengo como jueza jamás nadie ha venido a presionarme porque sabe que yo siempre actúo como una jueza. No acepto presiones de nadie. Porque las presiones pueden venir del Poder Ejecutivo, de los grupos de poder o de otros jueces. Pero un juez tiene que actuar siempre independientemente.
¿Qué representa ja reforma de la ley 7 para la justicia de la Ciudad?
Me parece que es positiva porque va a haber más juzgados y el justiciable va a tener una respuesta más rápida. Acá los jueces no tienen que invocar poder, sino que tienen que tratar de resolver los expedientes rápido y con eficiencia. A mí no me interesa el poder que me da el cargo, sino que me importa ejercer mi función de manera correcta y de modo tal que sea un servicio rápido y eficiente. Yo no invoco ningún poder, no me interesa tener poder.
¿Cómo es su relación con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad ?
Tengo buena relación con todo el mundo. Firmamos un convenio con el Consejo de la Ciudad y los Ministerios Públicos, con el objeto de compartir recursos humanos y recursos técnicos y científicos para optimizar los gastos. Eso nos ha permitido implementar distintos sistemas informáticos que hacen que hoy tengamos una liquidación de haberes mucho más eficiente, un sistema para recursos humanos y estamos comenzando también con la digitalización de los expedientes. Digitalización que es necesario que la llevemos a cabo junto con el Consejo y el Ministerio Público. Porque no podríamos digitalizar exclusivamente el tribunal si no recibimos el expediente digitalizado también. Estamos haciendo la digitalización acá en el tribunal, pero a corto plazo comenzaremos a trabajar con el Consejo.
¿Tiene alguna opinión acerca de la Reforma del Consejo de la Magistratura a nivel Nacional?
Creo que en ésta reforma el Parlamento debe tener en cuenta que debe transferirse la justicia Ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.