Sostienen que la sanción de la ley es una “deuda pendiente en la Argentina”. Además, elaboraron un documento con los “estándares mínimos” que, consideran, debería tener la nueva norma. Y alertaron sobre el “tratamiento simultáneo” que se le está otorgando al tema en Diputados y en el Senado.
Una decena de organizaciones de la sociedad civil iniciaron una campaña con el lema “Saber es un derecho, ¡Que ahora sea ley!”, en la que convocaron al Congreso a sancionar una ley de Acceso a la Información Pública al sostener que se trata de una “deuda pendiente en la Argentina”.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para el Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y Poder Ciudadano elaboraron un documento en el que establecieron los “estándares mínimos” que debería tener la ley.
El documento, al que accedió DiarioJudicial.com, considera a la información pública como un “derecho humano fundamental” y señala que normas internacionales con rango constitucional “contemplan la posibilidad de buscar y recibir información, como un derecho esencial que permite maximizar la autonomía de las personas y por tanto garantizar verdaderas elecciones”.
En ese sentido, el texto enfatiza que “la información pública, desagregada por sexo, aparece como una herramienta necesaria para la adecuada elaboración e implementación de políticas públicas por parte de los Estados”.
En cuanto a la definición y alcance de la información pública, el material, que ya está en manos de diputados y senadores, se refiere al fallo “Claude Reyes vs. Chile”, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señaló que “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones”.
El documento considera que la ley que se sancione deberá establecer una “legitimación activa amplia”, esto es, “reconocer la capacidad de ejercer este derecho humano a toda persona física o jurídica”.
Asimismo, señala que “el sujeto pasivo del requerimiento de información debe ser por excelencia el Estado en su conjunto, comprendiendo al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Judicial” y que también se debe prever como “sujetos obligados a aquellos órganos extrapoder existentes a nivel nacional creados por la Constitución en sus artículos 85 (Auditoría General de la Nación), 86 (Defensor del Pueblo), 114 (Consejo de la Magistratura) y 120 (Ministerio Público)”.
En el apartado sobre “accesibilidad / no discriminación”, el documento indica que “nadie debe pagar por acceder a la información solicitada” y que “la entrega de la información pública solicitada debe respetar el criterio de oportunidad” y, por ese motivo, “deben fijarse plazos breves para dar respuesta a las solicitudes”.
Establece también que “la ley debe prever una instancia de revisión administrativa no obligatoria y una instancia de revisión judicial sumarísima” al tiempo que brega porque la ley prevea “un régimen claro y preciso de responsabilidades y sanciones” para quien se niegue a dar información.
En relación con la autoridad de aplicación –uno de los puntos que genera más rispideces en la Cámara alta- las ONG’s señalaron que ese organismo u organismos deben contar con “autonomía operativa, autarquía financiera, elección transparente y participativa de sus autoridades, idoneidad técnica de sus autoridades y fuerza vinculante de sus resoluciones”. Las ONG’s están impulsando las adhesiones a través del sitio www.saberesunderecho.org.
Tiempos y voces
Las ONG’s que firmaron el documento sobre los “estándares mínimos” alertaron sobre el “tratamiento simultáneo” que se le está otorgando al tema en ambas cámaras y pidieron a los senadores y diputados que “coordinen el trabajo y generen los consensos necesarios para sancionar la mejor ley posible”.
En ese sentido, señalaron que el tratamiento de una ley de Acceso a la Información Pública “fue repetidamente postergado desde que a fines de 2005 perdiera estado parlamentario un proyecto que contaba con media sanción por parte de la Cámara de Diputados y que había sido elaborado con un alto grado de participación por parte de distintos actores sociales”.
En el último tiempo, sólo en el Senado se presentaron más de 10 proyectos. El martes pasado, la comisión de Asuntos Constitucionales cerró el ciclo de expositores (ese día dieron sus testimonio a los senadores el subsecretario para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia, Andrés Larroque; el director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, Glenn Postolski; y la asesora de la Fundación Honrad Adenauer, Dolores Lavalle Cobo).
En tanto, la Cámara baja también está analizado más de 15 proyectos. Diputados ya le había dado media sanción, en 2003, a un proyecto que perdió estado parlamentario a fines de 2005.