El acuerdo, “fortalecerá al Estado nacional en la lucha contra el lavado de dinero”, dijo el ministro de Justicia, Julio Alak. También lleva la firma del ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal.
El convenio establece que la Nación capacitará al personal del organismo bonaerense, el cual se convertirá en una nueva fuente de “información valiosa para las tareas de control de transacciones sospechadas de involucrar recursos provenientes de actividades ilícitas”.
”Con acuerdos como éste seguimos avanzando en la unificación y la centralización de toda la información que administra el Estado nacional y las provincias en una misma base de datos”, declaró Alak.
“Se trata de un nuevo paso que damos en el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo”, agregó el ministro de Justicia de la Nación, y recordó que el Congreso ya estudia el proyecto de ley girado por el Poder Ejecutivo para “avanzar enérgicamente en el castigo del autolavado”.
Esa iniciativa, que establece modificaciones al Código Penal y a la Ley 25.246, propone que el lavado “sea castigado con penas de prisión sin la necesidad de que exista un delito precedente, eliminando la restricción existente en la legislación actual para el juzgamiento y la condena del autolavado”.
En ese sentido, Alak explicó que “hasta el momento, de acuerdo con la norma vigente, sancionada el 13 de abril de 2000, pueden aplicarse penas de 2 a 10 años de prisión pero, para eso, debe demostrarse la existencia de un delito preexistente, por ejemplo el narcotráfico”.
El funcionario destacó que “la nueva norma amplía las atribuciones de la Unidad de Información Financiera, promoviendo su intervención en los casos donde aparezca, como delito precedente, la extorsión y los actos reprimidos por la Ley Penal Tributaria”.
Asimismo, indicó que “incorpora nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, entre los que se destacan los agentes o corredores inmobiliarios, las asociaciones mutuales y cooperativas, las personas y empresas dedicadas a la compraventa de vehículos y aquellos que actúan como fiduciarios”.
Por último, el ministro refirió que “el proyecto otorga a la UIF la facultad para presentarse como parte querellante en los procesos donde se investiguen los delitos que habilitan su intervención”.