22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

Brevatas

Una jueza de La Pampa se negó a casar a una pareja homosexual | Casación resolverá planteo de Macri para recusar a Oyarbide | Santiago del Estero: el Colegio de Martilleros tiene nueva sede | Casal exoneró a 246 agentes policiales | Procesaron con prisión preventiva a cuatro acusados en la causa “El Vesubio”

 
Covella: “Sólo busco el aplauso de Dios”

Una jueza de paz de General Pico, Marta Covella, sostuvo que "Dios no aprueba" las uniones de parejas homosexuales. "Siento que no debo hacerlo", señaló, y por eso no casará a los gays. La funcionaria ya se había expresado en contra de la idea de que se modifique el Código Civil en pos de permitir las bodas en parejas del mismo sexo. A pesar de ya estar sancionada la ley, reiteró su postura. "Yo tengo principios cristianos y la Biblia dice que Dios no aprueba esto. Entonces no puedo hacerlo, siento que no debo hacerlo", continuó la jueza de paz. Finalmente, sentenció: "Yo no busco ni la maldición ni el aplauso de nadie. Yo sólo busco el aplauso de Dios, es lo único que me interesa".

Casación resolverá la recusación de Oyarbide en la causa de las escuchas

La Cámara Federal concedió, por mayoría, el recurso de casación presentado por la defensa del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, contra el fallo que rechazó el pedido de recusación de Norberto Oyarbide, quien lleva adelante la causa por las escuchas ilegales. La resolución de la sala I de la Cámara sostuvo por mayoría, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, que “la Sala ya en anteriores oportunidades ha considerado procedente el recurso en la medida de que la permanencia del Juez de Primera Instancia cuyo apartamiento se reclama, estaría produciendo continuamente la lesión del derecho federal invocado, en este caso, la garantía de imparcialidad como condición necesaria del debido proceso”. Asimismo: “del análisis de la presentación se advierte que fue formulada por quien se halla facultado para hacerlo, con expresión de la voluntad de impugnar, tempestividad y adecuación del lugar de la interposición”. Eduardo Farah, por su parte, discrepó con la decisión de sus colegas ya que el recurso “no se dirige contra una sentencia definitiva que con su dictado dirima una controversia poniendo fin al pleito o haciendo imposible su continuación, ni tampoco contra un decisorio que resulte equiparable a tal por sus efectos”. Ahora, será la Cámara de Casación Penal la que deberá resolver la recusación o no de Oyarbide.

Nueva sede para el Colegio de Martilleros santiagueño

Las autoridades del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santiago del Estero habilitaron las nuevas instalaciones del Colegio de Martilleros. Estas se distribuyen en dos salas de remate con amplias y modernas oficinas ubicadas en la ampliación del edificio del Poder Judicial. La labor de los martilleros públicos hasta el momento se realizaba en el hall central del edificio de Tribunales.

Echaron a 246 policías con causas judiciales

El ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, ordenó la cesantía en sus funciones de 246 efectivos que se encontraban con sumarios administrativos y causas judiciales. “La sanción impuesta a estos agentes implica la separación definitiva de la fuerza, la pérdida de todos los beneficios inherentes al cargo y la prohibición para volver a desempeñarse en cargos públicos”, explicó el Ministro. La medida afecta a funcionarios policiales de distintas dependencias, sumariados y con procesos judiciales al estar investigados por la comisión de delitos, a raíz de lo cual fueron separados definitivamente de la fuerza.

Están imputados por más de 150 secuestros

El juez federal Daniel Rafecas procesó este viernes con prisión preventiva a cuatro acusados de más de 150 privaciones ilegítimas de la libertad, cometidas en el centro clandestino de detención “El Vesubio” durante la última dictadura. La medida recayó sobre los ex tenientes coroneles Jorge Crespi, Federico Minicucci y Faustino Svencionis, y contra el ex agente penitenciario Néstor Cedón. Además, Rafecas ordenó trabar embargos sobre los bienes de los imputados por 2 millones 250 mil pesos (Minicucci), 2 millones 600 mil pesos (Svencionis), 3 millones de pesos (Crespi) y 6 millones de pesos (Cendón). Todos se encuentran acusados por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas e imposición de tormentos. En el fallo, Rafecas señaló que “las víctimas fueron detenidas en operativos clandestinos garantizados en muchos casos por la liberación de la zona en la cual se iban a ejecutar los mismos; y que luego de ello, fueron mantenidas en cautiverio en el CCDT ‘El Vesubio’”.



dju / dju
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